Poner la casa en orden: La seguridad

“Es urgente arreglar la casa”, concluye la columna del 3 del actual de Rafael Cardona en La Crónica. Tiene razón. El contexto es el lenguaje utilizado por la Casa Blanca dos días antes para anunciar la imposición de aranceles del 25 por ciento a las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Traduzco algunos párrafos de la Orden Ejecutiva de Donald Trump:

"Las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) mexicanas son las líderes mundiales de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas, y cultivan, procesan y distribuyen cantidades masivas de narcóticos que promueven adicción y violencia en comunidades a lo largo de Estados Unidos.

“Esas OTD colaboran y conspiran con carteles trasnacionales y otros socios globales para contrabandear drogas a los Estados Unidos, utilizando pistas aéreas clandestinas, rutas marítimas, túneles y corredores terrestres y correos humanos tanto voluntarios como involuntarios.

“Las OTD mexicanas tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, por lo cual debemos erradicar la influencia de estos peligrosos carteles del ambiente bilateral. El gobierno de México ha concedido lugares seguros para que los carteles se involucren en la fabricación y transportación de drogas ilícitas, lo cual, colectivamente, ha conducido a las muertes por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses.

“Los carteles mexicanos también están implicados en el tráfico humano y las operaciones de introducción clandestina, haciendo posible la migración ilegal de millones a lo largo de nuestras fronteras…”

En la respuesta articulada como mensaje grabado a la Nación, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tachó de irresponsable el señalamiento de los “vínculos del gobierno de México con la delincuencia organizada”, que en mensaje anterior había descalificado como calumnia. A su vez, recriminó la falta de acción del vecino del norte para actuar contra el tráfico y el consumo ilegal de drogas en su territorio, al tiempo de imputar a los fabricantes de armas estadounidenses de tener alianzas con los grupos criminales para venderles armas automáticas de alto poder, si bien superponiendo con poca claridad que su introducción ilegal a México está sustentada en operaciones de los fabricantes con los carteles.

No es sutil, pero vale resaltar la diferencia: de allá para acá, la estructura gubernamental mexicana es parte del terreno fértil para los cárteles de las drogas. Y de acá para allá, la estructura gubernamental estadounidense no combate a los traficantes, no cuida a los usuarios de las drogas en su territorio, ni actúa contra el tráfico ilegal de armas a México. La diferencia entre ser parte de y ser omiso en contra.

Estos componentes de la Orden Ejecutiva y la respuesta, con el riesgo de resaltar las diferencias y el saldo elemental de  obstaculizar el diálogo, ya no figuraron en las narrativas de la Dra. Sheinbaum y del presidente Trump en sus respectivas recapitulaciones e interpretaciones de la conferencia telefónica del lunes pasado, presididas por la asimetría de la relación bilateral.

En el escenario impuesto por el inquilino de la Casa Blanca, las mesas de trabajo sobre seguridad y comercio, basadas en la ya existente de migración, y la prórroga de 30 días de la tarifa a las exportaciones mexicanas a su país, con base en la asignación permanente de diez mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera mexicana con Estados Unidos, son resultados alentadores en sentido correcto. De momento no se perdió y el plazo obtenido debe aprovecharse, aunque las autocomplacientes reuniones celebratorias o de loas a la titular de la presidencia parecen exageradas. Nadie muere en la víspera, pero tampoco nadie triunfa en esta. La batalla apenas pasó el primer reconocimiento de quienes la escenifican.

El mandatario estadounidense ha sido claro en sus pretensiones: control de la frontera común en dos aspectos: movilidad humana e introducción de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas, y renegociación del tratado comercial trilateral para disminuir los desequilibrios comerciales entre los socios. En la primera hay un ingrediente de enorme gravedad para nuestro país: ¿qué tan penetradas están las estructuras gubernamentales por los carteles de las drogas? No se trata de señalar a la presidenta o a la administración pública que encabeza, pero sí de poder vernos al espejo de la realidad.

Existe evidencia de gobiernos municipales postulados por distintas fuerzas políticas que responden a los intereses de los carteles, con el preámbulo de la violencia en contra de precandidaturas y candidaturas. Existen personas sujetas a proceso o evadidas de la justicia que formaban parte de un cabildo o eran titulares de funciones administrativas, por presuntas responsabilidades que los vinculan con los carteles de las drogas. Existen abundantes indicios sobre la cercanía y connivencia de Sr. Rubén Rocha Moya, todavía gobernador de Sinaloa, con el cartel que toma el nombre de ese estado. ¿Y los indicios que emanan de Tabasco?

Que bien que se desmenuza lo que desea Donald Trump y las formas que utiliza para obtenerlo. Pero debería obligarnos a vernos en el espejo para atender los asuntos que nos tocan. Y, también, a preguntarnos ¿qué es lo que desea México?, ¿qué es lo que puede y debe hacer el Estado Mexicano a partir de sus autoridades y el respaldo de la sociedad?

En la seguridad, que es el tema más apremiante, la coyuntura presenta una oportunidad singular de largo aliento. Más allá de la valoración que cada uno tenga de los detonadores de la inseguridad y la violencia o de la evaluación de las varias gestiones en la materia a lo largo de los años de esta centuria, el problema sigue presente y se agrava.

Por otro lado, las presiones y amenazas del ejecutivo estadounidense conducen a la identificación y la defensa del interés nacional; no del gobierno o de la titular del Ejecutivo, sino de lo que atañe al Estado Mexicano y su rica diversidad.

En las acciones contra los carteles de las drogas y ante los señalamientos de la Casa Blanca, la cohesión interna para dar sustento fáctico a la soberanía y el respaldo plural más amplio a las decisiones mexicanas para recuperar el control territorial y la seguridad pública merece repensar la varias veces postulada celebración de un gran Acuerdo Nacional por la Seguridad con los tres órdenes de gobierno, incuidas las fiscalías autónomas de la Federación y de las entidades federativas ( sin la convocatoria a infiltrados); con todos los grupos parlamentarios de los órganos legislativos del país; con la sociedad y sus sectores social, privado, académico y de organizaciones no gubernamentales. Concertar en aras de lo nacional.

¿Es utópico cuando en la ceremonia cívica del aniversario de la Constitución, la presidenta instruye se excluya a quien representa al Poder Judicial de la Federación? Seguramente, pero el arranque autoritario puede y debe enmendarse por el bien mayor. En la seguridad pública no sólo es urgente poner la casa en orden, sino que un compromiso nacional de alta representatividad con objetivos y metas evaluables fortalece a la jefa del Estado en el ejercicio soberano de aplicar la ley y acordar la cooperación necesaria y funcional con los Estados Unidos.