Segundo piso: Farsa e intolerancia

Ruta trazada por el expresidente López, ausencia de espacios para modular, matizar o graduar intensidad y tiempos, sujeción al chantaje del 47º presidente de los Estados Unidos e inmovilismo real bajo el lema de la cabeza fría; hay costos elevados para la democracia y el Estado de Derecho, pero resultados amplios para la voluntad atrás del diseño: la concentración del poder y la vulneración de los controles y los contrapesos. Urge, además, diluir el rastro sobre el sustento de las acciones; voluntades capturadas a fin de que los órganos se apartaran de sus fines, unas para evitarse la acción de la justicia y otras para tener un lugar en las inmediaciones del grupo en el mando.

Es el segundo piso de la auto bautizada “cuarta transformación”. Los problemas del primer piso siguen ahí: ausencia de diálogo político y convivencia democrática incluyente; casi nulo crecimiento económico, déficit presupuestal, endeudamiento y disminución de la inversión pública, pero con corrupción abundante; deterioro del medio ambiente y retirada sin justificación válida de los compromisos para detener el calentamiento global.

En seguridad pública la percepción es a favor de las acciones emprendidas para desarticular grupos delincuenciales. Cabe admitir que se requiere tiempo para alcanzar resultados.

Y en materia social se mantiene y profundiza la cobertura de subsidios presupuestales directos a una pluralidad de “programas” con el potencial para generar dependencia: la adicción al subsidio para atender necesidades indudables. La retórica válida de elevar las entregas periódicas de dinero a derechos en la Constitución no incluye la sustentación económica. Esta no se da por ordenarlo la norma legal, pues se basa en el crecimiento del producto, que implica inversión, empleo y mayor recaudación fiscal.

En Palacio Nacional se afirma que el modelo económico propio muestra expectativas de crecimiento. No se ocupa el beneficio de la duda, en breves meses y en este y el siguiente ciclo anual de las finanzas públicas se verá cuál de las proyecciones habrá sido correcta y sus consecuencias para la sociedad.

Por lo pronto, en lo más inmediato, el aparato gubernamental se atrinchera en la propaganda con la pretensión de diluir la atención y el juicio crítico sobre los asuntos que lo enfrentan a la realidad.

En el ámbito de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular no ha honrado su gestión con la autonomía de que ha sido dotada la institución, se continúa con la trayectoria delineada el 22 de marzo último ante las denuncias del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sobre los hallazgos hechos en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán y la tragedia de las miles de personas desaparecidas por la acción de los carteles de la delincuencia organizada más peligrosa: refutar la versión de la muerte dada a quienes eran trasladados a esas instalaciones.

Quien debe ser el representante del interés social, de las personas agraviadas, de las víctimas, de quienes padecen el dolor y la desesperación desgarradora de no saber el paradero de un ser entrañable, se erige en el defensor del interés presidencial. El mundo al revés. Hay tecnicismos, aunque el verbo “periciar” no exista para la Academia de la Lengua, sino “peritar”, pero no hay mesura, empatía ni compromiso para atender la enorme crisis de desapariciones de personas que padece nuestro país.

El objetivo apareció claro: restar credibilidad a los colectivos buscadores, a partir de un debate que no debería existir: ¿había actividades de adiestramiento o de exterminio? Se soslaya si eran personas engañadas y forzadas a realizar tareas contra su voluntad por temor a perder la vida; se ignoran los elementos materiales que encontró Guerreros Buscadores de Jalisco y la atención que debió darse, y se olvida que la contaminación del sitio y su incorporación a la acción mediática es el corazón de la farsa escenificada por la FGR.

Quienes contrastan, critican y exigen el cumplimiento de las funciones públicas son sujetos a la denostación, el demérito y la devaluación. Así lo puede atestiguar nuevamente la sociedad mexicana con los reparos de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo al artículo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, publicado por Letras Libres de abril último, titulado “México: de la democracia la tiranía”, en el cual reitera y recrea para esos efectos la conferencia que dictó en septiembre del año próximo pasado en la capital de nuestro país para la International Bar Association.

En forma sistemática, el Dr. Zedillo contrasta los razonamientos políticos, económicos y sociales de las reformas constitucionales que impulsó para que el Poder Judicial de la Federación asumiera un papel de contrapeso eficaz de los poderes legislativo y ejecutivo, y para que la equidad en la competencia electoral se incorporara al proceso comicial como un componente fundamental de la legitimidad de sus resultados. Presenta argumentos a favor de la fase de la transición a la democracia en la que participó, incluido el diálogo y el acuerdo con las minorías de la época; no olvida el contexto de la crisis económica, su atención puntual y la recuperación del crecimiento económico.

Es cierto que los comentarios del expresidente Zedillo son duros, pero con razonamientos; y de rechazo total a la forma en la cual Morena se hizo de las mayorías calificadas en las cámaras, así como a la desaparición de jure o de facto de instituciones garantes del imperio de libertades y derechos.

Es, cabe decirlo así, el debate político normal en cualquier democracia. Sin embargo, como prueba del déficit del talante democrático más elemental, la titular de la presidencia la República no optó por el contraste de las ideas o la pertinencia de sus convicciones a favor de la elección judicial o la supresión de los organismos autónomos de transparencia, evaluación de la política social, competencia económica y telecomunicaciones, sino por el intento de amedrentar con la crítica a la gestión 1994-2000, la descalificación de quien disiente y no la réplica sobre lo que dice. Sin argumentos; solo poder temporal y propaganda. En la Fiscalía la farsa y en la presidencia la intolerancia.