Soberanía nacional entre Fobos y Perogrullo

En la euforia de la súper mayoría alcanzada contra la Norma Suprema y la ética, la presidenta de la República ha enviado al Senado la propuesta de modificaciones a los artículos 19 y 40 constitucionales para elevar a esa jerarquía lo innecesario que está presidido por el miedo y lo obvio.

Para el 40 plantea dos declaraciones: (i) no aceptar actos del extranjero que lesionen la independencia, integridad o soberanía nacionales, y da ejemplos, como “golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional”; y (ii) rechazar cualquier acción extranjera de persecución del delito sin la autorización expresa y la colaboración del Estado Mexicano, pues ésta ha de regir la actuación en contra de los ilícitos que atentan contra la seguridad de la Nación y de las personas.

En el 19 propuso: (iii) adicionar al terrorismo entre los delitos que conllevan a la prisión preventiva automática de la persona imputada; (iv) establecer que toda persona que ilícitamente fabrique, distribuya, enajene, traslade o interne armas al país se le imponga la pena más severa posible, y (v) legislar para que las personas extranjeras que incurran en las conductas adicionadas en el artículo 40, enfrenten el proceso penal en reclusión y se hagan acreedoras a la pena más severa factible.

El contexto en el cual se envía la iniciativa -20 de febrero actual- no era bueno ni para la demagogia; un arrebato reactivo ante las peores versiones del extremo de la declaración estadounidense como terroristas de seis organizaciones delictivas asentadas en México para la producción, tráfico y comercialización de drogas, y el día en el cual Reforma pública la carta-solicitud de Ismael “El Mayo” Zambada García al Consulado de México en Nueva York para que sea devuelto a México por la ilegalidad de su internamiento a los Estados Unidos y los vicios derivados de ello en el juicio al cual se le somete, así como para que no se le imponga la pena de muerte.

Se planteó encender los fuegos de artificio de la defensa de la soberanía nacional en la relación con los EUA, con un pretendido lenguaje constitucional que revela al leguleyo: no se acepta violación alguna a la soberanía y el territorio nacionales, dado que la eventual presencia extranjera para combatir el delito es dable de autorizarse con base en la colaboración. En rigor, lo que ocurre, las más de las veces de manera encubierta, y que deberá continuar por el carácter transnacional de las actividades de esos carteles de las drogas.

Sin embargo, las personas redactores de la iniciativa olvidaron la naturaleza doble de la soberanía estatal: atienden el plano de igualdad de los Estados en el ámbito de la comunidad de naciones, pero nada dicen ni proponen en el plano de la supremacía en el orden interno. En pregunta irónica al absurdo sobre el texto: ¿si se aceptan los retos, los atentados y las violaciones a la soberanía de los grupos delincuenciales que han sujetado a partes del territorio y la población que lo habita a la conculcación del imperio de la ley y el poder del Estado Mexicano?

Claro que no. Sólo lo hago visible para enfatizar el contenido perogrullesco de las adiciones propuestas. ¿Realmente requiere México que la Constitución incorpore los párrafos propuestos por el artículo 40? ¿Decir que no aceptamos actos del extranjero que atenten contra la soberanía nacional? ¿Decir que cualquier actuación extranjera en persecución del delito requiere la autorización expresa y la cooperación del Estado Mexicano?

No lo pienso así, pues parecen suficientes y más elegantes las formulaciones de los artículos 39 (“la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo”), 40 (“es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal”), 41 (“el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…en los términos establecidos por la presente Constitución Federal”), 49 (“el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”) y 89, VI y X (la persona titular del Ejecutivo puede “disponer de la Fuerza Armada permanente…para la…defensa exterior de la Federación”, y conduce la política exterior observando los principios de “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención;…e igualdad jurídica de los Estados…”)

Sobre la reforma al artículo 19, cabe decir que el terrorismo ya está considerado como delito que amerita la prisión preventiva de oficio (artículo 2, fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada), cuando en su comisión participan tres o más personas; y que las eventuales actuaciones de extranjeros que atenten contra la soberanía nacional son materia del Código Penal Federal (quizás en el Título Primero -Delitos contra la Seguridad de la Nación- del Libro Segundo); en tanto que la severidad de las penas por lo odiosa de la conducta punible no ha de apartarse del principio de proporcionalidad entre el delito cometido y el bien jurídico afectado (artículo 22).

La referencia planteada para el propio artículo 19 en materia de la ilícita fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al país de armas, parece más bien un recordatorio en el piso superior de lo que está previsto en el inferior, pero sin resultados positivos, pues la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (artículos 81 a 92) prevé múltiples conductas delictivas relacionadas con esas actividades y, específicamente, “la introducción al territorio nacional en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, o sujetos a control…” El problema real está en las aduanas y su porosidad para ese contrabando, lo que se agrava al recordar que es una función encomendada al Ejército.

Esta iniciativa responde al temor de la acción unilateral -ilegal- contra los carteles de la droga señalados como terroristas por los Estados Unidos y se acude a decir lo obvio.

Fobos y Perogrullo de la mano, cuando deberían atenderse la cuestión ética de invocar el poder del Estado para velar por la causa de un generador de violencia y conculcador de la soberanía interior, y el entramado de vínculos de los carteles con personas a cargo de funciones públicas que merman a la sociedad y comprometen la política exterior del país. Con esas figuras, el gobierno y su súper mayoría van por el capelo de la defensa de la soberanía. Difícil trance para las minorías; ¿ser oposición con argumentos y propuestas o agregarse a la procesión de Fobos y Perogrullo?