Un cierre injusto para el norte

El reciente cierre de la frontera a la exportación de ganado mexicano, ordenado por el Gobierno de Estados Unidos, ha puesto en evidencia una profunda desconexión entre la realidad productiva del norte del país y la respuesta institucional del Gobierno Federal. Mientras estados como Chihuahua, Sonora y Coahuila operan con altos estándares sanitarios y protocolos internacionales, la federación ha actuado con pasividad, sin defender diferenciaciones ni respaldar con firmeza a los ganaderos cumplidos.

El caso es claro: más de 400 millones de dólares en pérdidas, 70 mil cabezas de ganado listas para cruzar la frontera detenidas, y una estrategia federal que ha sido reactiva, centralista y mal enfocada. La plaga del gusano barrenador apareció en el sureste, pero las consecuencias económicas las ha pagado el norte. En lugar de construir una defensa técnica de las zonas libres, el Gobierno de México ha optado por callar o justificar la medida extranjera, sin proteger al sector que más exporta.

En contraste, el Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos, actuó con anticipación y firmeza. Invirtió 20 millones de pesos en blindaje sanitario, instaló 30 casetas de inspección y capacitó a más de 3,400 productores.

Además, sostuvo diálogo técnico y directo con autoridades sanitarias de Estados Unidos, logró pactar la reapertura escalonada de los cruces en Palomas y San Jerónimo, y defendió con argumentos la regionalización sanitaria. Todo esto fue invalidado el 10 de julio, cuando un nuevo brote en Veracruz llevó al gobierno estadounidense a reinstalar el cierre indefinido. La consecuencia es brutal: los ganaderos del norte pagan los errores y la omisión del sur.

Desde el Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del PAN ha estado del lado de los productores. Destaco el trabajo del diputado Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, quien ha sido voz firme en defensa del campo, señalando con claridad que Chihuahua no debe ser penalizado por lo que ocurre a más de mil kilómetros de distancia. Hemos exigido una estrategia federal clara, impulsado el debate técnico sobre la regionalización y respaldado cada medida estatal que protege al sector ganadero.

En el ámbito legislativo federal, el contraste también es notorio. Mientras el senador Mario Vázquez propuso reformar la Ley Federal de Sanidad Animal para permitir una regionalización responsable, los senadores de Morena guardaron silencio o se alinearon a la narrativa oficialista sin presentar una sola propuesta concreta en favor de los productores chihuahuenses.

El problema no es solo sanitario, sino político. La falta de voluntad para reconocer que Chihuahua y otros estados del norte han hecho su parte refleja una visión burocrática que castiga al que cumple y protege al que incumple. La regionalización no es un capricho, es un principio técnico reconocido por organismos internacionales. Negarse a aplicarlo no solo es injusto, es irresponsable.

Mientras el campo del norte se asfixia, el Gobierno Federal celebra moscas estériles y evoca campañas conjuntas que llegan tarde. Y Morena, tanto en Chihuahua como en el Senado, observa en silencio, ajeno a la realidad de quienes sí han hecho su trabajo.

La frontera sigue cerrada. Pero lo que más duele es la cerrazón de un gobierno que no escucha, no distingue y no defiende.