“Mira lo que hacen”
CHIHUAHUA, Chih., 5 de octubre de 2026.- A 21 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara diversas disposiciones del Código Penal de Chihuahua relacionadas con la criminalización del aborto voluntario, el Congreso del Estado mantiene pendiente la armonización de la legislación local.
La resolución de la Corte determinó que disposiciones que sancionaban penalmente la interrupción voluntaria del embarazo resultaban contrarias a derechos constitucionales, entre ellos la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud.
Pese al criterio judicial, hasta ahora el Poder Legislativo estatal no ha concretado una reforma integral que otorgue certeza jurídica y adecue el Código Penal a las determinaciones emitidas por los tribunales.
Organizaciones defensoras de derechos reproductivos han señalado que la ausencia de una actualización legislativa puede generar confusión entre las mujeres, instituciones de salud y autoridades encargadas de aplicar la ley, particularmente respecto de los alcances de las resoluciones judiciales.
El tema adquiere relevancia debido a que Chihuahua permanece entre las entidades que no han realizado mediante su Congreso una reforma legislativa para despenalizar expresamente el aborto voluntario, aun cuando existen resoluciones judiciales que impiden mantener una persecución penal bajo disposiciones declaradas inconstitucionales.
A nivel nacional, el proceso de armonización continúa de manera desigual. Mientras distintas entidades han modificado sus códigos penales, otras mantienen pendientes cambios legislativos derivados de los criterios establecidos por la Suprema Corte.
El debate ahora se concentra en el Congreso de Chihuahua, donde continúa pendiente definir una legislación que brinde claridad tanto a las mujeres como al personal médico y a las instituciones responsables de garantizar los servicios de salud.




