Fortalece Santiago de la Peña transparencia y certeza jurídica rumbo al proceso electoral de 2027
CHIHUAHUA,Chih., 28 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó el informe del gasto público del último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La votación fue de 321 votos a favor y 117 en contra; legisladores de oposición cuestionaron el destino de recursos, mientras Morena y sus aliados defendieron el proceso de fiscalización.
La Cámara de Diputados aprobó el 27 de octubre la Cuenta Pública 2024, que informa sobre los ingresos, gastos y deuda del gobierno federal durante ese año. El dictamen recibió 321 votos a favor y 117 en contra, sin abstenciones. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 67 mil millones de pesos observados; durante el debate, se señaló que alrededor de 2 mil 100 millones ya habían sido recuperados y que el resto seguía pendiente de aclaración. Las notas publicadas difieren ligeramente en el saldo pendiente —entre 65 mil 74 y 65 mil 169 millones de pesos—, pero coinciden en que la mayor parte corresponde a recursos ejercidos por estados y municipios.
La aprobación legislativa no cierra las auditorías ni convierte automáticamente las observaciones en desvíos comprobados. Una observación de la ASF puede requerir documentación adicional, aclaración o recuperación de recursos; las responsabilidades y sanciones dependen de las investigaciones y los procedimientos correspondientes. La propia bancada de Morena sostuvo que la ASF debe continuar el seguimiento.
Durante la defensa del dictamen, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, informó que los ingresos presupuestarios fueron de 7.493 billones de pesos y el gasto neto total llegó a 9.205 billones, un incremento real de 7.5% frente a 2023. También señaló un crecimiento económico de 1.5% y un endeudamiento neto de 2.233 billones de pesos, cifra que —según su exposición— quedó por debajo del monto autorizado. La ASF realizó 2 mil 264 auditorías al ejercicio.
Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reclamaron explicaciones sobre el dinero pendiente de aclarar y pidieron sanciones si se acreditan responsabilidades. El priista Arturo Yáñez Cuéllar cuestionó el gasto en salud: dijo que se habían aprobado 82 mil millones de pesos y ejercido alrededor de 72 mil millones, y reclamó explicaciones sobre recursos no ejercidos y pagos cuya entrega de medicamentos, afirmó, no habría sido acreditada.
La emecista Claudia Ruiz Massieu cuestionó que el gasto se apartara de lo aprobado. Según sus señalamientos, el gasto programable terminó 4.3% por encima del presupuesto autorizado y el rubro de transporte gastó 27% más; en contraste, dijo, el IMSS-Bienestar dejó sin ejercer 25 mil millones de pesos. El priista Jericó Abrahamo Masso mencionó presuntos sobrecostos en contratos de Pemex y en la carretera Real del Monte–Entronque Huasca, y pidió que las auditorías deriven en sanciones cuando proceda. Son señalamientos formulados durante el debate, no conclusiones judiciales.
Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez pidió profundizar en las observaciones a contratos del INE. Señaló 66.5 millones de pesos observados en el instituto durante 2024 y vinculó el tema con presuntas irregularidades que, dijo, debían investigarse.
Morena y sus aliados defendieron la aprobación como parte del proceso institucional de revisión. La diputada petista Magdalena Núñez señaló que más de 91% del monto pendiente se concentra en el gasto federalizado, ejercido por entidades y municipios, y advirtió que una observación no equivale por sí misma a un daño patrimonial definitivo. También respaldó que la ASF continúe aclarando inconsistencias y deslindando responsabilidades.
La diputada morenista Leticia Farfán afirmó que aprobar la Cuenta Pública no significa dar por cerrado el caso: las observaciones deben seguir su curso y quienes sean señalados pueden presentar aclaraciones o enfrentar sanciones conforme a la ley. (Canal del Congreso)
El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y la ASF seguirá el trámite de las observaciones. El punto central será determinar cuánto del dinero pendiente logra aclararse, cuánto debe recuperarse y si las investigaciones acreditan responsabilidades administrativas o penales. Hasta entonces, los montos observados representan asuntos por esclarecer, no una declaración definitiva de culpabilidad. (Excélsior, Canal del Congreso)