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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre de 2026.– Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano exigieron a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aclarar los señalamientos relacionados con presuntos vínculos con empresarios que han obtenido contratos del organismo electoral.
Los legisladores de oposición consideraron necesario que la funcionaria explique públicamente la naturaleza de esas relaciones y las circunstancias en que se realizaron las contrataciones, a fin de garantizar la transparencia y la confianza ciudadana en la institución.
La exigencia surge a partir de información periodística que señala una relación entre la presidenta del INE y la empresa Cajas Graf S.A. de C.V., de la cual Jesús Octavio García González, actual encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto, habría sido representante.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, la relación entre funcionarios del organismo y empresas proveedoras amerita una revisión para determinar si existieron posibles conflictos de interés en los procedimientos administrativos y de contratación.
Los senadores opositores plantearon que Guadalupe Taddei debe ofrecer una explicación suficiente y, en caso de no hacerlo, renunciar a la presidencia del INE.
El cuestionamiento ocurre en un contexto de discusión nacional sobre la autonomía de las instituciones electorales, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de recursos públicos.
La Dirección Ejecutiva de Administración del INE tiene responsabilidades relacionadas con la gestión de recursos humanos, materiales y financieros, por lo que los señalamientos adquieren relevancia ante la necesidad de garantizar imparcialidad en los procesos de contratación.
Hasta el momento, la información presentada no acredita por sí misma la existencia de irregularidades administrativas o responsabilidades legales. Para establecerlas sería necesario revisar los contratos, los procedimientos de adjudicación y las posibles declaraciones de conflicto de interés.
Tampoco se cuenta en la publicación con una respuesta formal de Guadalupe Taddei sobre estos cuestionamientos.
La controversia coloca nuevamente en el debate público la importancia de que los organismos constitucionales autónomos mantengan mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas.
La exigencia de los legisladores se centra en esclarecer las relaciones señaladas y garantizar que las decisiones administrativas del INE se adopten conforme a la ley, sin intereses particulares que comprometan su independencia.




