Trump reconoce que republicanos podrían perder el control del Congreso de Estados Unidos
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Maru marca distancia y coloca responsabilidades
Maru Campos decidió llevar a una entrevista nacional una definición que modifica la lectura política del caso relacionado con la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua.
La gobernadora afirmó que el entonces fiscal César Jáuregui y otros funcionarios tomaron decisiones sin informarle, actuación que calificó como imperdonable. Confirmó, además, que existen investigaciones tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República.
El señalamiento representa mucho más que un distanciamiento personal.
Maru establece que la autonomía de una Fiscalía no puede confundirse con la posibilidad de actuar fuera de los canales institucionales. La procuración de justicia requiere independencia para investigar, pero también controles y responsabilidades cuando una decisión puede comprometer la seguridad y la relación entre gobiernos.
La gobernadora soportó durante meses buena parte del costo político del episodio. Fue ella quien enfrentó cuestionamientos nacionales, señalamientos partidistas y tensiones con la Federación. Su declaración deja claro que no está dispuesta a asumir responsabilidades que corresponderían a otros funcionarios.
El mensaje alcanza también al resto de su administración: ningún cargo, amistad o trayectoria compartida concede permiso para actuar al margen de las reglas.
Ahora viene la parte más delicada. Las investigaciones deberán separar las responsabilidades políticas de las jurídicas. César Jáuregui tiene derecho a defender su actuación, mientras las fiscalías tienen la obligación de reunir pruebas y explicar qué ocurrió.
Para Maru, la salida institucional es la correcta: abrir las investigaciones, reorganizar la Fiscalía y permitir que los procedimientos determinen responsabilidades.
Chihuahua necesita conocer la verdad completa, no una versión construida para proteger a un grupo o golpear a otro.
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Escuela Segura: una política que debe sobrevivir al relevo
El programa Escuela Segura reportó una disminución de 75 por ciento en los delitos cometidos contra planteles educativos entre enero y septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior.
La cifra permite observar uno de los resultados que dejó la administración municipal encabezada por Marco Bonilla.
Durante años, los robos en las escuelas parecían inevitables. Después de cada periodo vacacional aparecían salones dañados, cableado sustraído, ventanas rotas y equipos desaparecidos. Para reparar los planteles se utilizaban recursos que debían destinarse a mejorar la educación.
Pero el daño más importante no era económico. Cada robo afectaba a estudiantes que llegaban a su escuela y encontraban suspendida una clase, un taller sin herramientas o instalaciones que ya no podían utilizarse.
La reducción demuestra que la prevención funciona cuando existe coordinación entre policías, directivos, padres de familia y vecinos. También refleja el impacto de la vigilancia tecnológica y de la identificación de zonas con mayor incidencia.
Marco dejó a René Chavira una corporación con estrategias en marcha y resultados medibles. Eso facilita el relevo, pero no elimina la responsabilidad del nuevo alcalde.
René deberá mantener la vigilancia, revisar dónde persisten los incidentes e impedir que el cambio en la Presidencia Municipal relaje la operación. También tiene la oportunidad de agregar su propio sello mediante una mayor participación de las comunidades escolares.
Las políticas públicas sólidas son aquellas que sobreviven a quienes las iniciaron. Si Escuela Segura conserva sus resultados, se confirmará que Marco no dejó solamente un programa personal, sino una capacidad institucional que René puede fortalecer.
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Santiago lleva el caso Aras a una ruta con plazos
Los afectados por Aras han pasado años entre denuncias, manifestaciones, expedientes y promesas. Miles de familias han tenido que aprender términos jurídicos mientras esperan recuperar, aunque sea parcialmente, el patrimonio que perdieron.
Después de la protesta realizada en Palacio de Gobierno, Santiago De la Peña recibió a sus representantes junto con Gilberto Loya y estableció un compromiso: presentar avances en un periodo no mayor de 15 días.
El cambio parece pequeño, pero políticamente importa.
La inconformidad salió de la calle y entró en una mesa donde participaron autoridades que pueden intervenir en las diferentes etapas. Además, se fijó un plazo que permitirá evaluar si la reunión produjo algo más que una fotografía.
La Secretaría General de Gobierno no puede resolver por sí misma los litigios ni disponer de los bienes asegurados. Su función es coordinar, eliminar obstáculos administrativos y mantener comunicadas a la Fiscalía, al Poder Judicial y a las víctimas.
Santiago tiene ahora la oportunidad de ordenar la información y explicar con claridad qué puede realizar cada institución, cuáles bienes continúan sujetos a procesos legales y qué falta para cumplir las resoluciones existentes.
Las familias afectadas no necesitan otra promesa general. Necesitan una ruta, responsables identificados y fechas.
Para De la Peña, el caso representa una prueba de gobernabilidad con dimensión humana. Su capacidad política no se medirá únicamente por recibir a los manifestantes, sino por lograr que instituciones distintas trabajen hacia una solución compartida.
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Encuestas y trayectoria fortalecen a Santiago
La competencia interna del PAN por la Alcaldía de Chihuahua no parte de condiciones iguales. Las mediciones recientes colocan a Santiago De la Peña al frente, mientras su trayectoria en responsabilidades municipales y estatales le aporta experiencia política y capacidad de gobierno.
Una encuesta de octubre ubica a Santiago con 33.4 por ciento de las preferencias internas, seguido por César Jáuregui con 24.8 por ciento. Rafael Loera aparece considerablemente más abajo, con 4.9 por ciento.
Los números no entregan anticipadamente una candidatura, pero sí permiten entender por qué los ataques se concentran en De la Peña.
Santiago ha construido su posición mediante trabajo institucional, presencia territorial y diálogo con distintos sectores. Su paso por la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría General de Gobierno le ha permitido conocer los problemas de la capital, además de adquirir experiencia en negociación, gobernabilidad y solución de conflictos.
A ello se suma su capacidad para reunir liderazgos ciudadanos, empresariales, comunitarios y panistas alrededor de un proyecto que continúa creciendo.
En contraste, grupos relacionados con César Jáuregui y Rafael Loera han optado por elevar la confrontación interna.
Jáuregui enfrenta además un momento político complicado después de las declaraciones de la gobernadora Maru Campos y la confirmación de investigaciones relacionadas con decisiones tomadas durante su gestión como fiscal. Tiene derecho a defenderse, pero difícilmente podrá separar ese expediente de cualquier aspiración política inmediata.
Loera, por su parte, deberá explicar los señalamientos formulados por la diputada Joss Vega, sus relaciones con actores vinculados con Morena y las versiones sobre la participación de antiguos operadores priistas en acciones dirigidas contra Santiago.
La diferencia comienza a ser evidente: mientras Santiago suma respaldos y fortalece una propuesta, otros intentan compensar con ruido la distancia que muestran las encuestas.
El PAN debe garantizar un proceso claro y equitativo, pero también reconocer que la unidad no se construye debilitando al perfil mejor posicionado.
Santiago tiene a su favor los números, la experiencia y una trayectoria de resultados. Su mejor respuesta frente a la división será mantener la serenidad, continuar recorriendo la ciudad y convocar a quienes quieran competir sin destruir al partido.
Las encuestas pueden cambiar, pero la congruencia y la experiencia pesan. Hoy ambas colocan a Santiago De la Peña como el perfil con mayores condiciones para encabezar el proyecto panista por la capital.
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Conecta Chihuahua: el resultado estará después del evento
Conecta Chihuahua reúne a más de 600 empresas, proyecta alrededor de seis mil asistentes y contempla más de mil 200 citas de negocios.
La dimensión del encuentro confirma que el Gobierno de Maru Campos busca fortalecer la proveeduría local y acercar a pequeños empresarios con compradores que normalmente resultan difíciles de alcanzar.
Pero el éxito no debe medirse solamente durante los dos días del evento.
Una cita de negocios abre una puerta; no garantiza que una empresa esté preparada para cruzarla. Los proveedores locales deberán cumplir condiciones de calidad, volumen, logística y financiamiento. Ahí comienza la segunda parte de la política económica.
El Gobierno del Estado puede acompañarlos mediante certificaciones, capacitación, acceso a crédito y seguimiento a los acuerdos. Las cámaras empresariales también tendrán que ayudar a convertir contactos iniciales en relaciones comerciales duraderas.
La importancia social es evidente. Detrás de cada negocio local existen familias, empleos y personas que invirtieron sus ahorros para iniciar una empresa.
Conecta Chihuahua habrá cumplido plenamente su objetivo cuando esas reuniones se conviertan en contratos y cuando una mayor parte de lo que consumen las grandes compañías pueda producirse dentro del estado.
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La protección de menores llega a las plataformas
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que obliga a las plataformas digitales a proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos que promuevan violencia, abuso sexual, ciberacoso, autolesiones, suicidio y discursos de odio.
La medida reconoce una realidad que muchas familias conocen desde hace tiempo: los riesgos para los menores ya no están solamente en las calles o alrededor de las escuelas. También aparecen en la pantalla de un teléfono, con contenidos recomendados por algoritmos que buscan mantener la atención del usuario.
La responsabilidad no puede descansar únicamente en los padres. Las empresas tecnológicas deciden qué contenidos impulsan y obtienen beneficios económicos de la permanencia de sus usuarios. Por eso deben contar con controles de edad, mecanismos de denuncia y herramientas de supervisión familiar.
El decreto también necesita límites claros. Proteger a la niñez no debe convertirse en un mecanismo para retirar críticas, opiniones o información de interés público.
En Chihuahua, la disposición deberá acompañarse con educación digital, atención psicológica y comunicación dentro de las familias. El contenido puede eliminarse de una plataforma, pero sus efectos emocionales pueden permanecer mucho tiempo en un adolescente.
La regulación es un primer paso. La protección verdadera comenzará cuando las familias, las escuelas, las autoridades y las empresas tecnológicas asuman cada una la responsabilidad que les corresponde.
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CONALEP conecta educación, industria y ciudadanía
Bajo la dirección del doctor Omar Bazán Flores, CONALEP Chihuahua realizó tres actividades con interlocutores distintos y objetivos complementarios.
El sábado recibió en sus instalaciones a integrantes de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, quienes conocieron los avances de la gestión 2024-2026.
Bazán presentó resultados en crecimiento institucional, innovación educativa, nuevas carreras, tecnología, internacionalización y bienestar estudiantil. El objetivo fue someter el trabajo del Colegio al análisis público, escuchar observaciones y fortalecer la rendición de cuentas.
El martes se consolidó la vinculación con CENALTEC e Intermex para acercar la capacitación de los estudiantes a las necesidades reales de la industria.
La colaboración busca ofrecer formación especializada, prácticas, certificaciones y habilidades que faciliten el acceso a empleos de mayor calidad. Para las empresas significa contar con talento técnico preparado; para los jóvenes, una conexión más directa entre lo aprendido en el aula y las oportunidades laborales.
Hoy, jueves 15 de octubre, CONALEP formalizará con el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública un convenio orientado a capacitar a la comunidad estudiantil en acceso a la información, protección de datos personales, transparencia y Gobierno Abierto.
Los tres encuentros reflejan una visión común.
CONALEP busca ser una institución abierta a la evaluación social, conectada con el sector productivo y comprometida con la formación de ciudadanos informados.
No se trata solamente de preparar técnicos capaces de incorporarse a una empresa, sino de formar jóvenes que conozcan sus derechos, protejan su información y participen responsablemente en la vida pública.
Educación, industria y ciudadanía forman parte de una misma ruta: preparar a las nuevas generaciones para trabajar, tomar decisiones y contribuir al desarrollo de Chihuahua.




