“MIRA LO QUE HACEN”

• De Ciudad Judicial al Altiplano: dos órdenes y dos jurisdicciones
• Godoy lleva el caso Jáuregui al escenario nacional
• El juez estatal evitó una pena anticipada; la FGR ejecutó su propia orden
• Maru mantiene la estabilidad frente a una crisis de alcance federal
• Loya deberá sostener el expediente estatal rumbo al jueves
• Zuany, Corral y Sáenz concentran las preguntas pendientes
• El PAN enfrenta una prueba de unidad y responsabilidad
• Marco y Cruz recorren el estado; Santiago cuida la gobernabilidad

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De Ciudad Judicial al Altiplano

El caso de César Jáuregui cambió nuevamente durante las últimas horas y obliga a distinguir con claridad fechas, autoridades y procedimientos.

El sábado 17 de octubre, la Fiscalía de Chihuahua detuvo al exfiscal por una orden estatal relacionada con los probables delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El domingo 18, después de una extensa audiencia, un juez de control rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público estatal. Determinó que César podía enfrentar esa causa en libertad, con la obligación de entregar sus documentos migratorios y la prohibición de acercarse a los testigos.

El juzgador consideró que su capacidad económica no acreditaba por sí misma un riesgo de fuga. La resolución representó un resultado favorable para la defensa, pero no una absolución.

Sin embargo, la situación cambió nuevamente durante la noche del domingo 18.

Cuando concluyeron los trámites para que abandonara Ciudad Judicial, agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden federal en su contra. César fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Chihuahua, enviado al Estado de México e ingresó durante la madrugada del lunes 19 de octubre al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el penal del Altiplano.

No existe una contradicción entre las dos actuaciones. El juez estatal resolvió que no era necesaria la prisión preventiva dentro del expediente de Chihuahua; la FGR cumplimentó una orden diferente, emitida por una autoridad federal.

La causa estatal continúa y la audiencia para definir si César será vinculado a proceso seguía programada para el jueves 22 de octubre. Paralelamente, deberá comparecer ante la justicia federal para conocer formalmente las imputaciones y las medidas cautelares correspondientes.

César conserva la presunción de inocencia en ambos procedimientos.

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Godoy toma el control del frente federal

La actuación de Ernestina Godoy dejó de ser solamente una declaración pública. La FGR ejecutó la orden, trasladó a César fuera de Chihuahua y colocó el caso ante una autoridad judicial federal.

Godoy informó que la carpeta acumuló más de cien actos de investigación por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La hipótesis federal, todavía pendiente de prueba, sostiene que ciudadanos estadounidenses participaron sin autorización en el operativo de El Pinal y acudieron en diferentes ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

La FGR parece buscar un precedente: México puede intercambiar información y coordinarse con Estados Unidos contra el crimen organizado, pero esa cooperación tiene límites legales y no permite que extranjeros intervengan directamente en acciones reservadas a las autoridades nacionales.

Ahora Godoy deberá mostrar las pruebas.

Tendrá que explicar quién autorizó la participación extranjera, cómo ingresaron esas personas al país, qué actividades realizaron y quién conocía su presencia dentro de las instalaciones estatales.

También deberá transparentarse quién proporcionó la información utilizada para construir el expediente y cómo fue corroborada.

Ahí aparecen los nombres de Guillermo Arturo Zuany y Javier Corral.

Zuany conoció directamente los hechos investigados y trabajó dentro de la Fiscalía durante el gobierno de Corral. Esa relación institucional previa no demuestra por sí misma un acuerdo, pero permite preguntar si existió comunicación entre ambos y qué información llegó posteriormente a la autoridad federal.

Si Zuany colabora con la FGR, deberá conocerse bajo qué figura jurídica y si recibió algún beneficio. Si Corral realizó gestiones relacionadas con el expediente, también deberá aclararse.

La gravedad de la acusación exige que la defensa de la soberanía nacional no se confunda con una disputa política.

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El juez estatal actuó con independencia

La captura federal no debe borrar lo ocurrido horas antes en Ciudad Judicial.

El juez estatal excluyó la declaración previamente rendida por Zuany y dejó fuera el testimonio reservado identificado como “Azul”. Posteriormente rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

La declaración de Zuany debía examinarse bajo su condición de coimputado y su derecho a no autoincriminarse. El segundo testimonio no había sido entregado oportunamente para que la defensa pudiera conocerlo y controvertirlo.

El juez no absolvió a César ni cerró el expediente. Protegió las reglas del procedimiento y consideró que existían medidas menos restrictivas para garantizar su presencia.

La actuación federal posterior pertenece a otra jurisdicción. No invalida el fallo estatal ni convierte al juez de Chihuahua en responsable de lo decidido por la FGR.

La independencia judicial se acredita cuando una autoridad puede rechazar las solicitudes de la Fiscalía sin impedir que la investigación continúe.

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Maru mantiene la estabilidad

La gobernadora Maru Campos enfrenta ahora una crisis con ramificaciones estatales, federales y políticas.

Durante el fin de semana evitó celebrar la detención, respondió con prudencia a los ataques y dejó que cada autoridad actuara dentro de sus facultades.

El resolutivo estatal y la posterior detención federal confirman que no existe una sola voluntad controlando el caso. La Fiscalía de Chihuahua presentó su expediente, el juez rechazó la prisión preventiva y la FGR ejecutó una orden distinta.

Maru deberá mantener esa distancia.

Su responsabilidad no consiste en defender o condenar anticipadamente a César, sino en garantizar que el Gobierno continúe funcionando, que la Fiscalía estatal cumpla la ley y que exista coordinación con la Federación sin renunciar a la defensa de Chihuahua.

La crisis puede fortalecer su autoridad si demuestra que el Estado mantiene gobernabilidad aun cuando uno de sus antiguos colaboradores enfrenta acusaciones de enorme gravedad.

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Loya tiene que probar

Gilberto Loya deberá sostener el expediente estatal, independientemente de lo que ocurra en el Altiplano.

La causa de Chihuahua no desapareció con la intervención federal. El juez deberá resolver si existen elementos suficientes para vincular a César por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Los señalamientos ministeriales hablan de una posible ausencia de carpeta previa para justificar el operativo de El Pinal, visitas de extranjeros a instalaciones estatales, capacitación en Florida, otra probable intervención en Nonoava y fallas en la comunicación con autoridades superiores y federales.

Todo deberá probarse.

Las declaraciones de agentes y ministerios públicos tendrán que coincidir con bitácoras, mensajes, documentos, registros de ingreso y comunicaciones oficiales.

La respuesta de Loya no debe ser política. Debe ser jurídica.

Una Fiscalía sólida no depende de que una persona permanezca en prisión preventiva. Depende de su capacidad para demostrar quién tomó cada decisión y qué normas pudieron haberse vulnerado.

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¿Dónde está Zuany?

Guillermo Arturo Zuany Portillo continúa como uno de los personajes centrales.

Existe una orden estatal para detenerlo por su probable participación en ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Hasta el cierre de esta columna, su captura no había sido confirmada y su ubicación seguía sin conocerse públicamente.

Zuany perteneció a la Fiscalía desde 2009, con una pausa durante 2016. Permaneció en la institución durante el gobierno de Javier Corral y posteriormente bajo la conducción de César Jáuregui.

César no solamente lo conservó: lo ratificó y después lo elevó a fiscal especializado en Operaciones Estratégicas.

Por eso deberá conocerse quién recomendó su promoción, qué antecedentes fueron revisados y por qué recibió una responsabilidad tan sensible.

Un nombramiento no constituye un delito. Pero la cadena de confianza forma parte del contexto que deberá reconstruirse.

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Francisco Sáenz y la transición

Francisco “Pancho” Sáenz recibió interinamente la Fiscalía después de la salida de Jáuregui y permaneció al frente durante los primeros meses de las investigaciones.

Por sus manos debieron pasar requerimientos federales, informes internos y declaraciones relacionadas con El Pinal.

¿Qué encontró al recibir la institución?, ¿qué conoció sobre Zuany?, ¿qué comunicó a la gobernadora y a la FGR?, ¿qué avances dejó antes de entregar la Fiscalía a Gilberto Loya?

No puede afirmarse que haya ocultado información. Pero Sáenz representa el puente entre la administración de César y la judicialización del caso.

La verdad no está únicamente en el operativo. También puede encontrarse en los nombramientos, las entregas de oficina y los informes posteriores.

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Respaldos y silencios

Georgina Bujanda fue asesora de César y recibió de él la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

Durante el fin de semana no apareció en Ciudad Judicial ni se conoció un pronunciamiento público suyo en favor del exfiscal.

Su silencio puede responder a prudencia institucional, pero también a una decisión estratégica. Al permanecer dentro de la Fiscalía, conoce el ambiente interno y puede comprender mejor la evolución del expediente.

Eso no significa que actúe como informante ni que comparta datos reservados. Su experiencia y su responsabilidad actual la colocan en una posición de conocimiento e interlocución.

Yubia Velázquez eligió la exposición pública. Se le atribuyó la movilización de simpatizantes de distintas colonias y la promoción de una campaña que asegura haber reunido alrededor de mil 600 firmas.

La concentración del domingo reunió aproximadamente a 80 personas. También acudieron Juan Blanco, Guillermo Luján y otros integrantes del grupo de Jáuregui.

La decisión del juez estatal fue recibida como un triunfo. La nueva orden federal cambió la celebración por incertidumbre.

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Mario Vázquez y la nueva realidad

El senador Mario Vázquez acudió públicamente a respaldar a César, destacó su arraigo y pidió que pudiera enfrentar el procedimiento en libertad.

El juez estatal coincidió con ese planteamiento. Sin embargo, la FGR ejecutó una orden distinta y ahora el exfiscal se encuentra en el Altiplano.

Mario puede continuar defendiendo la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero deberá reconocer que el caso ya superó la discusión interna del PAN y se convirtió en un asunto nacional.

El partido necesita evitar que las acusaciones se transformen en una batalla anticipada por las candidaturas de 2027. Cerrar filas alrededor de una persona sin conocer las pruebas sería tan irresponsable como declararla culpable antes de las resoluciones judiciales.

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El estado sigue caminando

Mientras el caso ocupaba la conversación pública, Marco Bonilla llevó su agenda a Guachochi y Nuevo Casas Grandes, donde escuchó a empresarios, agricultores, ganaderos, académicos, jóvenes y representantes sociales.

Cruz Pérez Cuéllar recorrió Parral, Matamoros, Coronado, Valle de Allende y San Francisco del Oro. Su intención de visitar los 67 municipios busca extender su proyecto más allá de Ciudad Juárez.

Santiago De la Peña tiene una responsabilidad distinta. Como secretario general de Gobierno, deberá mantener la gobernabilidad, conservar la coordinación con la Federación y evitar que la crisis altere el funcionamiento del Estado.

Mientras Marco y Cruz construyen presencia territorial, Santiago sostiene el equilibrio institucional.

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Entre el sábado 17 y la madrugada del lunes 19, César Jáuregui pasó de una detención estatal, a una resolución de libertad con restricciones y finalmente al penal federal del Altiplano.

La secuencia demuestra que existen dos procesos, dos autoridades y responsabilidades distintas.

El expediente estatal continuará el jueves 22. La ruta federal apenas comienza.

Chihuahua necesita fiscalías que prueben, una defensa efectiva, jueces independientes y un Gobierno capaz de mantener estabilidad.

Ni linchamiento ni privilegios. La justicia no debe utilizarse para resolver la sucesión de 2027, pero la sucesión tampoco puede convertirse en argumento para impedir que la justicia investigue.

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