“MIRA LO QUE HACEN”

• Jáuregui: la justicia debe hablar mediante sus resoluciones
• Maru mantiene firme la ruta institucional
• Loya inicia una revisión integral de la Fiscalía
• Francisco Sáenz y las preguntas que deja el interinato
• Daniela abre el diálogo ante la presión interna
• Santiago separa la justicia de la competencia electoral
• Marco mantiene ventaja y amplía su presencia estatal

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Jáuregui: las pruebas tendrán que hablar

El proceso federal contra César Jáuregui entró este martes en una etapa especialmente delicada dentro del Centro de Justicia Federal del Altiplano.

La audiencia inicial comenzó con retraso, se declaró parcialmente privada por involucrar información relacionada con seguridad nacional y entró en un receso de doce horas para permitir que la defensa revisara la carpeta de investigación.

Al cierre editorial de esta columna todavía no existía una resolución pública sobre la vinculación a proceso.

La Fiscalía General de la República atribuye al exfiscal una probable responsabilidad por permitir, sin las autorizaciones correspondientes, la intervención de extranjeros en actividades reservadas a las instituciones mexicanas.

La acusación es grave. Precisamente por eso necesita pruebas igualmente sólidas.

Claudia Sheinbaum negó que exista un pacto con Maru Campos para detener a Jáuregui y afirmó que corresponderá a la FGR presentar los elementos que sustenten su imputación. También había mencionado la existencia de otras investigaciones, aunque no precisó delitos ni expedientes.

Por ahora, no puede afirmarse que existan nuevas acusaciones por vínculos con el narcotráfico. El operativo investigado estaba relacionado con un laboratorio clandestino, pero ese contexto no demuestra por sí mismo la responsabilidad penal de ninguna persona.

Jáuregui conserva la presunción de inocencia y tiene derecho a controvertir cada señalamiento.

Además del procedimiento federal, este jueves continuará en Chihuahua la audiencia estatal, donde un juez resolverá si lo vincula a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Son dos investigaciones diferentes. Cada fiscalía deberá acreditar su caso ante su propio juez. La coordinación entre autoridades no sustituye las pruebas ni permite anticipar una condena.

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Maru sostiene la institucionalidad

Maru Campos enfrenta uno de los episodios más complejos de su administración.

César Jáuregui no fue un funcionario cualquiera. Durante años recibió responsabilidades de máxima confianza en el Ayuntamiento, la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía.

Precisamente por esa cercanía tiene mayor significado que la gobernadora no haya utilizado al Gobierno para impedir las investigaciones.

Maru sostuvo que nadie está por encima de la ley y que en Chihuahua no se protege ni se persigue a nadie. Fue una postura firme, con costos internos evidentes, pero necesaria para separar los afectos de las responsabilidades públicas.

Permitir que las fiscalías investiguen no significa declarar culpable a Jáuregui. Significa reconocer que la verdad jurídica debe construirse mediante expedientes, defensa efectiva y resoluciones independientes.

La mejor protección política para el Gobierno estatal no consiste en cerrar filas alrededor de una persona, sino en demostrar que sus instituciones pueden revisar incluso las actuaciones de quien estuvo al frente de ellas.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, pidió ampliar las investigaciones hacia otros funcionarios, incluida la propia gobernadora, y cuestionó la autonomía de la Fiscalía estatal.

El señalamiento eleva la confrontación política, pero las responsabilidades penales no se determinan en una conferencia. Si Morena o cualquier otro actor cuenta con información, deberá presentarla ante las autoridades.

Maru ya fijó su ruta: cooperación, respeto al debido proceso y aplicación de la ley. Mantenerla será indispensable para que la crisis no se convierta en una disputa electoral anticipada.

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Loya comienza una revisión de fondo

La investigación de El Pinal exhibió la necesidad de revisar cadenas de mando, protocolos, controles internos y mecanismos de información dentro de la Fiscalía General del Estado.

Gilberto Loya llegó con la encomienda de poner orden y trasladar a la procuración de justicia el nivel de coordinación exigido en materia de seguridad.

Ya presentó un plan de nueve ejes y comenzó a revisar las fiscalías especializadas y los cinco distritos: Norte, Noroeste, Centro, Sur y Occidente.

El planteamiento de integrar investigación, inteligencia y operación bajo una coordinación más clara puede corregir una de las debilidades evidenciadas por este caso: cuando las responsabilidades se fragmentan, resulta difícil determinar quién autorizó, quién ejecutó y quién debía informar.

Durante las últimas horas trascendió la posible salida de Heliodoro Araiza de la Fiscalía de Distrito Zona Centro. Como no existe todavía una confirmación institucional, debe manejarse como parte de los movimientos que están siendo evaluados y no como un relevo formalmente consumado.

También se revisarán necesariamente los resultados de las demás zonas, encabezadas hasta ahora por Carlos Manuel Salas en la Norte; Adalberto Oros en la Noroeste; Guillermo Hinojos en la Sur, y Juan Carlos Portillo en la Occidente.

Pero una renovación seria no consiste en cambiar nombres para colocar otros.

Cada ratificación o sustitución debe responder a resultados verificables: carpetas judicializadas, órdenes de aprehensión ejecutadas, atención a víctimas, reducción del rezago, sentencias obtenidas y coordinación con las policías.

La Fiscalía necesita una revisión integral, no una purga improvisada. Depurar significa investigar y evaluar; no remover por sospechas ni conservar por lealtades.

La verdadera prueba para Loya será construir una institución donde cada servidor público sepa qué puede hacer, ante quién responde y qué consecuencias enfrenta si se aparta de la ley.

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Francisco Sáenz debe ayudar a completar la historia

Francisco “Panchito” Sáenz recibió el despacho de la Fiscalía el 27 de abril, después de la renuncia de César Jáuregui, y permaneció al frente hasta el 9 de octubre.

Su tarea inmediata fue mantener funcionando una institución que atravesaba una crisis delicada. Al relevarlo, Maru reconoció públicamente su trabajo responsable y señaló que su experiencia seguía siendo necesaria.

Ese reconocimiento debe conservarse. Sin embargo, ocupar durante casi cinco meses la oficina principal también genera preguntas institucionales.

¿Qué revisión se realizó del operativo de El Pinal? ¿Qué información encontró Sáenz? ¿Qué documentos fueron resguardados? ¿Qué conclusiones entregó a Gilberto Loya?

Preguntar no significa acusarlo.

Sáenz puede contribuir a la certeza explicando qué recibió, qué decisiones tomó y en qué condiciones entregó la Fiscalía. En una crisis de confianza, las actas, los informes y las bitácoras ofrecen mayor claridad que cualquier versión personal.

El mismo principio debe aplicarse a Guillermo Arturo Zuany, contra quien existe una orden judicial relacionada con la causa estatal.

Su ausencia no demuestra culpabilidad, pero impide que el proceso avance con todos los actores relevantes frente al juez. Las autoridades deben localizarlo y Zuany deberá comparecer, ejercer su defensa y explicar sus actuaciones.

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Daniela administra la presión interna

Más de cien simpatizantes de César Jáuregui se concentraron frente al Comité Directivo Estatal del PAN para exigir respaldo al exfiscal.

Una comisión integrada, entre otros, por Juan Blanco, Félix Martínez, Isaac Díaz y Roberto “Pony” Lara fue recibida por Daniela Álvarez.

La protesta llegó como una presión directa a la dirigencia y pudo terminar en portazos, acusaciones y una fractura mayor. Daniela optó por escuchar.

La presidenta estatal anunció una mesa permanente de diálogo y solicitará la participación del dirigente nacional Jorge Romero.

Abrir la puerta fue una decisión políticamente acertada. El PAN no puede ignorar a un grupo de militantes, pero tampoco debe sustituir a la defensa jurídica ni emitir una sentencia partidista.

Daniela tendrá que mantener un equilibrio difícil: acompañamiento humano, respeto a la presunción de inocencia y respaldo a las instituciones.

La unidad no exige pensar igual. Exige evitar que las diferencias terminen destruyendo la casa común.

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Santiago evita sacar ventaja

Santiago De la Peña rechazó que la detención de Jáuregui le represente un beneficio en la competencia por la Alcaldía de Chihuahua.

Su respuesta fue clara: reducir una investigación de seguridad y justicia a una disputa electoral sería un sinsentido.

La postura lo fortalece porque separa sus aspiraciones de la situación judicial de otro perfil que también aparecía en las mediciones panistas.

El crecimiento de Santiago comenzó antes de esta crisis y se explica por su presencia territorial, sus encuentros con distintos sectores y su responsabilidad dentro del Gobierno.

Su mejor ruta no consiste en aprovechar el espacio que deja alguien más, sino en mantener la gobernabilidad y construir una propuesta propia para la capital.

En política también cuenta saber cuándo competir y cuándo actuar con prudencia.

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Marco tiene una ventaja que cuidar

Marco Bonilla continúa recorriendo el estado mientras distintas mediciones lo mantienen en una posición competitiva rumbo a 2027.

La encuesta de Rubrum levantada el 12 de octubre lo colocó con 40.6 por ciento frente a 35.2 de Cruz Pérez Cuéllar, una diferencia de 5.4 puntos.

Otra medición estatal más reciente ubicó a Bonilla con 46 por ciento y a Cruz con 43. En ese estudio la diferencia se encuentra dentro del margen de error, por lo que describe una competencia cerrada.

Las encuestas no garantizan candidaturas ni triunfos, pero varias mediciones coinciden en colocar a Marco como un perfil con presencia estatal.

Bonilla cuenta con reconocimiento, resultados en la capital y una estructura que comienza a extenderse por las regiones. Ahora deberá demostrar que conoce las necesidades de Juárez, la Sierra, Parral, el noroeste y las comunidades rurales.

Conseguir una ventaja exige trabajo. Conservarla requiere escuchar, incorporar liderazgos y convertir los recorridos en propuestas concretas.

Marco ya tiene números que cuidar. La ciudadanía decidirá más adelante si también encuentra un proyecto estatal en el cual confiar.

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Chihuahua vive una semana en la que la justicia y la política caminan demasiado cerca.

A los jueces les corresponde resolver con independencia; a las fiscalías, presentar pruebas; a los partidos, evitar la protección y la venganza; y a quienes aspiran a gobernar, demostrar que pueden construir futuro sin aprovechar una crisis.

Las instituciones se fortalecen cuando investigan sin consignas, corrigen sin simulaciones y colocan la verdad por encima de cualquier nombre.