“MIRA LO QUE HACEN”

• Santiago despeja versiones: competir exige convicción y una propuesta propia
• Monte Xenit: las familias necesitan alojamiento y recuperar su patrimonio
• Jáuregui: la responsabilidad penal debe tener nombre, conducta y pruebas
• El PRI negocia posiciones mientras enfrenta dificultades para conservar cuadros
• Reciclaje: una decisión municipal que compromete presupuestos futuros

Santiago: sostener la aspiración y explicar el proyecto

Santiago De la Peña respondió a las versiones sobre su supuesta salida de la competencia por la Alcaldía de Chihuahua con una frase que no dejó espacio para interpretaciones: “más puesto que un calcetín”. Mantiene su aspiración y esperará los lineamientos del PAN para participar.

La expresión tiene importancia por lo que aclara. En una competencia interna, las versiones sobre quién continúa y quién se retira pueden desalentar equipos, detener acercamientos y producir la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas. Una respuesta directa evita que esa incertidumbre se convierta en realidad política.

Santiago hizo algo útil para su proyecto: asumió públicamente su decisión sin atribuirse una candidatura ni desconocer las facultades del partido.

Ahora viene una exigencia de mayor profundidad. Su experiencia al frente de la Secretaría General de Gobierno le permite conocer cómo se negocian acuerdos, dónde se atascan las gestiones y qué problemas requieren la intervención de varias autoridades. Ese conocimiento puede convertirse en una fortaleza municipal si consigue traducirlo a necesidades concretas.

Para una familia, la coordinación gubernamental cobra sentido cuando llega el agua, funciona el transporte o una emergencia encuentra respuesta. Ahí está la oportunidad de Santiago: explicar cómo su experiencia puede acortar la distancia entre una petición y una solución.

La firmeza para competir ya quedó expresada. Darle una dirección clara a esa aspiración fortalecerá su relación con ciudadanos que necesitan saber qué cambiaría en su vida cotidiana con un gobierno encabezado por él.

Monte Xenit: acompañar a las familias sin trasladarles la factura

El Cabildo aprobó hasta un millón 230 mil pesos adicionales para alojamiento temporal de las familias evacuadas de Monte Xenit. La propuesta de René Chavira encontró tres votos en contra de Morena. Elena Rojo cuestionó que otras colonias afectadas no reciban atención semejante; Isela Martínez defendió la protección de quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.

Detrás de la votación hay una realidad que merece más atención que la disputa partidista: perder temporalmente la casa también significa perder rutinas, cercanía con la escuela, tranquilidad y capacidad para planear los gastos. Las obligaciones económicas continúan mientras el patrimonio permanece fuera de alcance.

Por eso tiene sentido sostener el apoyo. La necesidad de atender a otras familias no desaparece, pero tampoco justifica interrumpir la ayuda a quienes ya están desplazados.

Chavira deberá llevar esa respuesta de emergencia hacia una solución que tenga plazos y responsables. Informó que el Municipio buscará recuperar alrededor de 11 millones de pesos erogados y que cuatro de las 31 familias afectadas podrían regresar a sus hogares la próxima semana, siempre que existan condiciones de seguridad.

La recuperación del dinero importa porque el presupuesto público está cubriendo consecuencias cuya responsabilidad debe esclarecerse. Si no se determina quién debe responder, el Ayuntamiento corre el riesgo de sostener durante meses un gasto que desplaza recursos de otras necesidades.

Aquí pueden coincidir asistencia y fiscalización. Mantener alojamiento, publicar los gastos, informar los avances técnicos y perseguir el reembolso fortalecería la actuación municipal.

El resultado que esperan los vecinos es sencillo de expresar, aunque difícil de conseguir: volver seguros y recuperar la certeza sobre su patrimonio. Ese debe ser el centro de la decisión pública.

Jáuregui: precisar responsabilidades fortalece la investigación

Los argumentos difundidos de la apelación estatal de César Gustavo Jáuregui Moreno colocan la discusión en un terreno específico. El recurso presentado por Edgar Oswaldo Torres Sandoval, dentro de la causa 3055/2026, contiene siete agravios contra la vinculación a proceso del 22 de octubre.

La defensa cuestiona que las reuniones, la posición jerárquica y las actuaciones de otros funcionarios permitan atribuir al exfiscal conocimiento o autorización de las conductas investigadas. Son argumentos de parte que deberán recibir respuesta judicial.

El punto de fondo tiene consecuencias para todo el servicio público: dirigir una institución implica responsabilidades de supervisión, pero una imputación penal exige identificar la conducta atribuida a la persona.

Esa precisión también protege el trabajo de la Fiscalía. Cuanto mejor explique qué ocurrió, quién intervino y con qué conocimiento, más sólida será su actuación frente a los recursos de la defensa. Una investigación importante necesita resistir preguntas difíciles.

La apelación permitirá revisar la suficiencia del razonamiento utilizado para vincularlo. Su presentación no revoca esa decisión ni modifica por sí misma el procedimiento federal.

Para el Gobierno y para el PAN, la conducta más sensata es permitir que esa revisión avance sin convertir cada escrito en victoria o derrota partidista. La confianza pública dependerá de que las conclusiones puedan explicarse con pruebas, incluso a quienes hoy mantienen posiciones encontradas.

El PRI: las posiciones se negocian con respaldo real

Las renuncias de Dalila Villalobos y Vicencio Chávez en Parral deberían obligar a la dirigencia priista a revisar su forma de conducir al partido. Ambos alegaron falta de acompañamiento; la síndica dejó atrás 24 años de militancia. Conservan sus cargos y no han anunciado su incorporación a otra organización.

El costo para el PRI no se limita a perder dos nombres en una lista. Sus representantes municipales mantienen relaciones con vecinos, conocen conflictos locales y participan en decisiones públicas. Cuando salen, también puede debilitarse la comunicación entre el partido y sectores de la comunidad.

Por eso resulta insuficiente responder con reproches. Una dirigencia necesita preguntarse si ofreció participación, si atendió diferencias y si acompañó a quienes ahora se marchan. Un círculo cerrado puede conservar el control de las decisiones mientras pierde capacidad para representar.

Para Marco Bonilla, la pregunta sobre una eventual alianza es inevitable: ¿qué respaldo puede aportar el PRI y qué condiciones existen para conservarlo?

Las candidaturas que solicite deben guardar proporción con organización, presencia municipal y capacidad de sumar. Negociar con una dirigencia no garantiza que todos sus cuadros acompañen el acuerdo.

El caso de Vicencio tiene un antecedente revelador: fue separado de la coordinación de regidores después de la controversia por un encuentro con Cruz Pérez Cuéllar. Eso no demuestra un cambio de partido; sí muestra que Cruz ha establecido interlocución con representantes de otras fuerzas.

Bonilla necesita atender esa dimensión regional mediante conversaciones directas y compromisos de participación. Quien se siente escuchado tiene razones para construir; quien solamente recibe instrucciones puede buscar interlocución en otra parte.

Al PRI le urge recuperar capacidad de convocatoria interna. Su fuerza en una coalición dependerá de lo que consiga reunir y sostener, no únicamente de lo que pretenda negociar.

Reciclaje: invertir también significa comprometer el futuro

El Ayuntamiento autorizó la participación municipal minoritaria en una empresa con V Green For Life para construir y operar una planta de separación y tratamiento de residuos. La inversión prevista supera mil cuatro millones de pesos, con aproximadamente 26 por ciento municipal y 74 por ciento privado.

Es una decisión de largo alcance. El manejo de la basura compromete suelo, recursos y condiciones ambientales durante años. Recuperar materiales y reducir los residuos enviados al relleno puede beneficiar a la ciudad, pero requiere comprobar que el modelo funciona técnica y financieramente.

El esquema difundido contempla 15 años iniciales y una posible renovación vinculada a la rentabilidad de la empresa. Esto significa que las condiciones aprobadas tendrán efectos sobre gobiernos que todavía no han sido electos.

Ahí está la responsabilidad política de Chavira y del Cabildo: explicar qué obtiene la ciudad, qué obligaciones asume y cómo podrá corregir el rumbo si los resultados quedan por debajo de lo prometido.

La aportación privada reduce la inversión municipal inicial, pero no elimina la obligación de vigilar costos, desempeño y riesgos. Harán falta metas públicas sobre recuperación de materiales, disposición final, operación y cumplimiento ambiental.

Una familia paga por servicios que espera recibir de manera eficiente, aunque nunca lea el contrato que los organiza. Precisamente por eso, quienes lo aprueban deben revisar sus consecuencias con mayor cuidado.

El proyecto puede representar un avance importante. Su fortaleza estará en que el beneficio ambiental sea medible y las condiciones financieras resulten defendibles durante toda su vigencia.