ASF, el único que puede revisar al INE: Sheinbaum
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Maru: el presupuesto debe asegurar resultados que permanezcan
La discusión presupuestaria abre para Maru Campos una oportunidad de conducción política: definir qué compromisos deben quedar concluidos antes de entregar el gobierno.
Hacienda estima preliminarmente un crecimiento de entre 3 y 3.5 por ciento en participaciones y aportaciones federales. Ese aumento nominal no significa disponer de una cantidad equivalente para nuevos programas, porque también crecen los costos de operación, materiales y servicios.
La tarea será establecer prioridades y defenderlas.
El presupuesto de 2027 deberá sostener la atención cotidiana y financiar el cierre de obras, sin dejar obligaciones que comprometan innecesariamente a la siguiente administración. Salud, seguridad, agua, carreteras y atención social necesitan continuidad, especialmente en las regiones donde terminar una obra representa acceder por primera vez a un servicio.
Para una familia, el cierre de gobierno se entiende de manera sencilla: que funcione la clínica, llegue el agua, exista una carretera transitable y continúe el apoyo del que depende.
Maru puede fortalecer su administración concentrando recursos en compromisos verificables, con fechas de conclusión y responsables identificados. También corresponde revisar los proyectos que consumen presupuesto sin producir beneficios suficientes.
El Congreso tendrá que discutir resultados esperados, distribución regional y capacidad de ejecución. Aprobar una partida no garantiza que se ejerza bien.
Un cierre responsable dejaría a Chihuahua obras utilizables, servicios sostenidos y cuentas claras. Ese será un legado más duradero que cualquier anuncio.
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Marco construye territorio; las dirigencias deben aportar una alianza efectiva
Marco Bonilla ha venido ampliando su conversación con Chihuahua.
Los recorridos por distintas regiones le permiten escuchar necesidades que difícilmente aparecen completas desde una oficina en la capital: comercialización del campo, infraestructura fronteriza, agua, caminos, seguridad y oportunidades para los jóvenes.
Ese trabajo tiene valor político porque convierte una aspiración estatal en contacto con personas y problemas concretos. Su siguiente rendimiento dependerá del seguimiento a lo escuchado y de las propuestas que consiga construir con cada región.
La responsabilidad de negociar una eventual alianza corresponde a las dirigencias partidistas.
Las mediciones favorecen al PAN en Chihuahua capital, aunque difieren sobre el tamaño de su ventaja. En el estado, el panorama resulta más competido y diversas encuestas colocan a Morena adelante. Confundir ambos escenarios llevaría a una lectura equivocada.
La coalición con el PRI podría ampliar la competitividad, pero su aportación deberá demostrarse en territorio.
Los electores no se transfieren mediante una firma. Tampoco los liderazgos regionales obedecen automáticamente a una dirigencia con la que pueden mantener diferencias.
El priismo conserva expresidentes municipales, productores, maestros, dirigentes comunitarios y operadores experimentados. Parte de esos cuadros se ha distanciado de la conducción del partido; algunos aparecen acompañando a Cruz Pérez Cuéllar.
Ahí está la advertencia: una negociación puede reunir las siglas mientras deja fuera a las personas que todavía mantienen presencia en sus comunidades.
Las dirigencias del PAN y del PRI necesitan escuchar esos reclamos antes de distribuir candidaturas. Si la conversación se concentra en reelecciones y posiciones para los mismos grupos, terminará reduciendo la capacidad de convocatoria de la alianza.
Marco está haciendo su trabajo de acercamiento. Los partidos deben acompañarlo con apertura, acuerdos regionales y participación efectiva.
La coalición tendrá sentido si incorpora confianza y organización. Su utilidad deberá medirse por lo que agrega al proyecto y por las personas que consigue involucrar.
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Santiago: avances de seguridad que deben llegar a las familias
La Mesa Estatal de Construcción de Paz encabezada por Santiago De la Peña presentó cifras relevantes: entre el primero de enero y el 3 de noviembre, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron 29 por ciento respecto del mismo periodo de 2025.
Para octubre, el balance oficial reportó reducciones anuales de 42 por ciento en Ciudad Juárez y de 33 por ciento en Chihuahua capital.
El reconocimiento corresponde al trabajo conjunto. La participación de corporaciones municipales, Fiscalía, autoridades estatales, Ejército y Guardia Nacional permite compartir información y orientar operativos.
Santiago tiene una responsabilidad precisa: mantener esa coordinación activa, resolver diferencias institucionales y exigir seguimiento a los acuerdos. Su aportación debe observarse en la capacidad del gobierno para responder de manera organizada.
En la capital también aparecen resultados sobre delitos patrimoniales. El comisario Julio César Salas informó que las investigaciones por robo a casa habitación sin violencia pasaron de 246 entre enero y octubre de 2025 a 103 en el mismo periodo de 2026, una disminución de 58 por ciento.
Son 143 investigaciones menos. Detrás de esa diferencia están viviendas y familias cuyo patrimonio requiere protección.
En robo a negocio, octubre registró una investigación por hechos con violencia, frente a diez durante el mismo mes del año pasado; sin violencia, los casos bajaron de 34 a 24.
También hay pendientes: el robo de vehículo con violencia pasó de cuatro investigaciones en septiembre a cinco en octubre, y la ciudad cerró el mes con 28 víctimas de homicidio.
René Chavira y la corporación municipal tienen razones para reconocer avances y obligaciones para corregir los focos de riesgo. Las cifras corresponden a hechos registrados por la autoridad; deben acompañarse de información sobre denuncia, atención y esclarecimiento.
La siguiente prueba será sostener la reducción durante el cierre del año y conseguir que los resultados estadísticos se traduzcan en tranquilidad cotidiana.
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Cruz: integrar a Andrea y documentar sus acusaciones
Cruz Pérez Cuéllar reconoció que ha enfrentado dificultades para sumar al grupo de Andrea Chávez.
La admisión permite ubicar el problema: la definición interna de Morena resolvió quién conduce el proyecto estatal, pero dejó pendiente cómo participarán quienes respaldaron a otra aspirante.
Andrea conserva liderazgo propio y presencia en Juárez. Cruz necesita incorporar esa capacidad mediante responsabilidades claras, acuerdos de organización y mecanismos para resolver diferencias.
La dirigencia nacional debe participar. Los nombramientos estatal y municipal distribuyeron tareas; ahora hace falta que los equipos trabajen con una estrategia compatible.
Mientras intenta resolver ese frente, Cruz abrió otro con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez.
El alcalde con licencia denunció una presunta intención de contratar la operación de dos plantas tratadoras durante 15 años por 45 millones de pesos mensuales: 540 millones al año.
Alberto Paredes, director ejecutivo de la JMAS, respondió con firmeza. Negó que exista un proyecto definido, propuesta económica por ese monto, licitación, contrato o adjudicación. Explicó que desde junio las instalaciones son operadas por personal de la Junta, después de concluir el contrato con el prestador externo.
Además, exigió a Cruz presentar un documento que respalde sus afirmaciones.
La respuesta obligó a precisar el debate. Evaluar alternativas de operación, contratar un servicio y privatizar infraestructura son decisiones diferentes; cada una debe explicarse mediante sus documentos y alcances jurídicos.
Cruz solicitó publicar la grabación, el acta y los materiales de la sesión del Consejo del 29 de octubre. Esa es una vía adecuada para esclarecer la controversia.
La JMAS puede fortalecer su respuesta abriendo la documentación. Cruz debe mostrar el origen de las cantidades y los plazos que difundió.
El siguiente paso debe permitir a los juarenses conocer qué se discutió, qué se propuso y qué se decidió. El saneamiento del agua requiere solvencia técnica y vigilancia pública, especialmente cuando se habla de compromisos financieros de largo plazo.
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Estados Unidos: el voto también repercute en el empleo de Chihuahua
La jornada electoral estadounidense tiene una dimensión inmediata para Chihuahua: modifica a los interlocutores con quienes México deberá discutir comercio, migración y seguridad.
La renovación de los 435 lugares de la Cámara de Representantes y de 35 escaños del Senado puede cambiar los contrapesos a Donald Trump. Al cierre consultado, todavía no existía una definición completa del control del Congreso.
Conviene distinguir los avances parciales de un resultado definitivo. Tampoco puede atribuirse el comportamiento de millones de electores a una sola causa: economía, costo de vida, migración y evaluación del gobierno intervienen de manera distinta en cada región.
Para Chihuahua, la relevancia económica es enorme. Durante el segundo trimestre de 2026, la entidad aportó 25.1 por ciento de las exportaciones estatales mexicanas, aproximadamente 49 mil millones de dólares.
Esa capacidad industrial depende de reglas comerciales previsibles, cruces eficientes y cadenas de suministro que funcionan entre ambos países.
El T-MEC sigue siendo fundamental. Su revisión involucra asuntos que afectan directamente a las empresas y trabajadores chihuahuenses: aranceles, contenido regional, automóviles, acero, aluminio y certidumbre para invertir.
Un cambio legislativo en Estados Unidos puede modificar la supervisión de las políticas migratorias y comerciales, pero no elimina las facultades del Ejecutivo ni garantiza una relación más sencilla con México.
La respuesta mexicana necesita continuidad institucional y diálogo con ambos partidos. Chihuahua debe fortalecer sus vínculos con Texas, Nuevo México, legisladores y organizaciones empresariales, dentro de las atribuciones que corresponden a cada gobierno.
Para una familia de Juárez, esta discusión puede terminar reflejada en horas de trabajo, estabilidad laboral, precios o dificultades para cruzar la frontera.
Ahí debe concentrarse la lectura política: entender qué cambia y prepararse para defender los intereses de quienes viven de una economía profundamente vinculada con Estados Unidos.




