“MIRA LO QUE HACEN”

• Zuany: dos órdenes, un paradero pendiente y una cadena de mando por explicar
• Maru lleva las acusaciones ante el juez y fortalece la respuesta institucional
• Bonilla mira a Villa Ahumada como destino, no como lugar de paso
• Santiago convierte respaldo político en organización territorial
• René Chavira apuesta por una policía cercana y preparada

ZUANY: DOS ÓRDENES Y UNA CADENA DE MANDO POR EXPLICAR

Omar García Harfuch confirmó que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo. La declaración amplía el alcance del caso relacionado con el operativo de Morelos y obliga a revisar qué hicieron quienes ocuparon posiciones decisivas dentro de la institución.

Una orden de aprehensión permite presentar a una persona ante el juez; no representa una sentencia ni acredita por sí misma responsabilidad penal. Zuany conserva la presunción de inocencia y deberá contar con una defensa efectiva. Pero su localización se vuelve indispensable para que responda formalmente qué sabía, qué decidió y quiénes conocieron sus actuaciones.

En esa cadena aparece Francisco “Pancho” Sáenz Soto. Fue designado encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado el 27 de abril, inmediatamente después de la salida de César Jáuregui. Desde esa posición recibió una institución bajo presión y tuvo acceso a sus áreas operativas, expedientes y mandos.

Además, la renuncia de Zuany fue presentada en mayo tanto a la gobernadora como al propio Sáenz. No se trata, por lo tanto, de un funcionario distante de los acontecimientos. Por su responsabilidad debió conocer los primeros informes, las posibles omisiones, la entrega de oficinas, el personal adscrito y los recursos de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

Sáenz no puede permanecer como un personaje lateral. Tiene que quedar claro qué encontró al asumir, cuándo fue informado, qué documentación recibió de Zuany, qué reportó a la gobernadora y qué entregó posteriormente a Gilberto Loya.

También debe conocerse si ya compareció formalmente y si su testimonio se encuentra entre las 150 declaraciones integradas a la investigación. Eso no implica señalarlo anticipadamente como responsable; significa colocar correctamente su participación dentro de la cadena institucional.

Su discreción pública permite que surjan preguntas: ¿a quién informa actualmente?, ¿qué sabe sobre las decisiones tomadas por Zuany y Jáuregui?, ¿advirtió oportunamente lo encontrado o se limitó a administrar la transición? Si cumplió con todas sus obligaciones, los documentos deberán acreditarlo. Si omitió información relevante, entonces tendrá que explicarlo.

Las lealtades personales pueden pesar en la política. Dentro de una fiscalía, la obligación principal debe ser con la ley, las víctimas y la institución.

A esta cadena se suma la versión que coloca a Zuany en Chiapas. Hasta el cierre no existe confirmación oficial de que se encuentre en esa entidad ni evidencia pública de que reciba protección institucional.

La referencia despierta interés porque la seguridad pública de Chiapas está encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quien dirigió la Policía Estatal Única durante el gobierno de Javier Corral. Esa relación profesional está documentada, pero no demuestra por sí misma que Aparicio conozca el paradero de Zuany o participe en alguna red de protección.

La conexión merece verificarse, no convertirse automáticamente en una acusación. Si existen indicios de que Zuany se desplazó hacia Chiapas, las autoridades deben reconstruir la ruta, identificar contactos y establecer si recibió ayuda. Si la versión carece de sustento, también debe descartarse con claridad.

Corral, Aparicio, Zuany y Sáenz coincidieron en distintos momentos dentro del sistema de seguridad chihuahuense. La investigación debe revisar llamadas, informes, reuniones y decisiones. Solamente las pruebas podrán establecer si esas relaciones conservan algún efecto en el presente o si se están uniendo episodios distintos mediante una interpretación política.

Zuany puede enviar mensajes y ofrecer su versión fuera del procedimiento. Sin embargo, el espacio para sostenerla con consecuencias jurídicas está ante los jueces. Ahí deberá explicar qué aportó, qué sabía, a quién informó y por qué determinada información no llegó oportunamente a la titular del Ejecutivo.

MARU COLOCA LAS ACUSACIONES FRENTE AL JUEZ

Maru Campos respondió con firmeza a los señalamientos atribuidos a Zuany: si tiene algo que sostener, debe decirlo ante un juez.

La gobernadora hizo una distinción necesaria. Las versiones difundidas públicamente pueden generar preguntas, pero una acusación que pretende tener consecuencias legales debe presentarse dentro del procedimiento, acompañada de pruebas y sometida a la contradicción de las partes.

La Fiscalía estatal informó que la carpeta relacionada con el operativo de Morelos contiene 150 declaraciones rendidas por 86 personas, además de evidencia documental, pericial y técnica. Según el posicionamiento institucional, ninguno de esos elementos establece que la gobernadora conociera o autorizara la participación operativa de extranjeros.

La institución sostuvo que la hipótesis considerada probable por el juez apunta en sentido contrario: que esa información le fue ocultada. También aclaró que los dichos atribuidos a Zuany fuera del procedimiento no forman parte de la carpeta y que las personas extranjeras aparecen registradas únicamente como ciudadanos estadounidenses, sin validar públicamente su posible adscripción institucional.

El comunicado no sustituye una sentencia. Sí establece cuál es el contenido actual del expediente y permite diferenciar entre las pruebas formalmente incorporadas y las versiones que todavía no han sido presentadas ante la autoridad judicial.

Maru ha permitido que la investigación avance aun cuando alcanza a personas que ocuparon responsabilidades de máxima confianza. Esa decisión tiene valor político e institucional. Separar las responsabilidades personales de la conducción del Gobierno evita que la lealtad se confunda con impunidad.

La mandataria tampoco necesita discutir diariamente cada versión. Su obligación es garantizar que se abran los archivos, se preserve la evidencia y cada servidor público explique qué sabía, cuándo lo supo y qué hizo con esa información.

La respuesta correcta consiste en permitir que las fiscalías investiguen y que los jueces decidan. Sin proteger colaboradores, sin fabricar adversarios y sin convertir un expediente penal en una herramienta electoral.

BONILLA MIRA A AHUMADA COMO DESTINO, NO COMO LUGAR DE PASO

Marco Bonilla llegó a Villa Ahumada con una idea que conviene subrayar: el municipio es mucho más que una parada en la carretera que conecta a Chihuahua con Ciudad Juárez.

Ahumada es tierra de comerciantes, productores y familias que sostienen una economía propia. Su ubicación estratégica genera oportunidades, pero también necesidades particulares en servicios, agua, infraestructura, seguridad carretera y desarrollo regional.

Bonilla afirmó que busca conocer directamente qué sucede, qué preocupa a sus habitantes y qué hace falta. El mensaje fortalece el sentido de sus recorridos: construir una visión estatal desde las diferencias regionales, en lugar de observar todo Chihuahua desde la capital.

Su proyecto continúa aumentando presencia territorial. Sin embargo, cada encuentro también genera compromisos. Escuchar adquiere valor cuando después se traduce en propuestas, seguimiento y respuestas viables.

Villa Ahumada representa además una prueba para cualquier aspiración estatal. Los municipios ubicados entre los grandes centros urbanos suelen ser vistos únicamente como puntos de tránsito, aunque su actividad económica, población y territorio sostienen una parte fundamental de la conectividad del estado.

Marco seguirá recorriendo Chihuahua. En Ahumada dejó claro que las comunidades intermedias también deben ocupar un lugar central en la agenda pública.

Una región no pierde importancia por encontrarse entre las dos ciudades más grandes. Villa Ahumada merece ser atendida por lo que es, por lo que produce y por todo lo que aporta.

SANTIAGO CONVIERTE RESPALDO EN ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Santiago de la Peña dejó dos imágenes que se complementan. Primero reunió a panistas de distintas generaciones y trayectorias para intercambiar propuestas. Después, más de 200 personas acudieron a semáforos y cruceros de Chihuahua capital para llevar su mensaje directamente a la ciudadanía.

La diferencia entre una reunión y una estructura se encuentra precisamente ahí. La primera permite medir simpatías; la segunda demuestra si esas simpatías tienen disposición para organizarse, defender públicamente un proyecto y ocupar territorio.

De la Peña resumió su método con una frase: “Los grandes proyectos se construyen en positivo, dialogando, convenciendo y sobre todo poniendo sobre la mesa lo que puedes aportar”.

El planteamiento resulta oportuno dentro de un PAN que comienza a ordenar sus decisiones rumbo a 2027. Santiago está cambiando la pregunta. En lugar de concentrarse solamente en quién recibirá una candidatura, propone discutir qué puede aportar cada persona a una construcción colectiva.

La movilización también envía una señal interna. Su proyecto ya no depende únicamente de su presencia personal en reuniones o recorridos. Comienza a contar con colaboradores capaces de llevar el mensaje a diferentes puntos de la ciudad.

Eso significa crecimiento, pero también responsabilidad. El trabajo en los cruceros no debería reducirse a repartir publicidad. Ese contacto permite escuchar problemas cotidianos relacionados con movilidad, agua, seguridad, alumbrado y servicios públicos.

Si las inquietudes recogidas se organizan y se convierten en una propuesta municipal, la movilización tendrá contenido además de visibilidad.

Santiago está sumando militantes experimentados, nuevos cuadros, liderazgos territoriales y ciudadanos que no participan diariamente en la vida partidista. Su reto será conservar esa apertura y evitar que el crecimiento quede encerrado dentro de un solo grupo.

Cuando más de 200 personas salen a las calles para respaldar una idea, ya existe una base. Lo que sigue es convertir esa fuerza en propuesta, organización y confianza.

RENÉ CHAVIRA: FORMAR POLICÍAS PARA ATENDER A LAS FAMILIAS

La cuarta generación de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua comenzó su formación con 70 aspirantes: 36 mujeres y 34 hombres. Por una diferencia pequeña, pero significativa, ellas son mayoría.

El dato muestra que la labor policial está dejando de ser vista como un espacio reservado para hombres. Sin embargo, la composición de género por sí sola no garantiza una corporación mejor. La diferencia deberá reflejarse en la preparación, la conducta y la capacidad de relacionarse con la población.

Las y los aspirantes deberán cumplir mil 72 horas de capacitación antes de integrarse a la Policía Municipal. Recibirán formación como policías de proximidad y buscarán obtener una certificación en prevención de la violencia familiar.

Esta última preparación merece atención. Una llamada por violencia dentro del hogar exige capacidades diferentes a las necesarias para atender un robo o realizar una persecución. El agente debe identificar riesgos, proteger a las víctimas, preservar evidencias, seguir protocolos y evitar que una intervención incorrecta agrave el conflicto.

Julio César Salas está incorporando esa preparación desde la formación inicial, mientras René Chavira mantiene la profesionalización policial como una prioridad del Municipio.

Todavía son aspirantes, no policías en funciones. Primero deberán acreditar conocimientos, disciplina, condición física, control emocional y vocación de servicio. El uniforme no puede ser el final de un trámite; debe representar la culminación de una preparación seria.

Chihuahua necesita más elementos, pero necesita sobre todo mejores policías. La nueva generación comienza con equilibrio entre mujeres y hombres, capacitación especializada y una visión de proximidad.

La verdadera evaluación llegará cuando respondan a una emergencia, entren a un hogar donde una familia pide ayuda y deban tomar una decisión en pocos segundos. Ahí se sabrá si las mil 72 horas de formación lograron convertir la vocación en capacidad, criterio y confianza pública.