Moreira propone que se justifique reserva de información

CHIHUAHUA, Chih., 12 de agosto de 2026.- A fin de evitar opacidad gubernamental, el diputado federal Rubén Moreira Valdez propuso reformar y derogar diversas disposiciones del artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El legislador priista pretende garantizar que toda restricción al acceso a la información tenga una justificación concreta, legítima y verificable, por lo que planteó que la información cuya reserva se justifique por razones de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional cuente, además, con un propósito genuino y un efecto demostrable.

En su propuesta, Moreira Valdez fundamenta que la reserva de la información pública debe ser verdaderamente excepcional. Las restricciones al derecho de acceso a la información, apunta, no pueden sustentarse en conceptos excesivamente amplios que permitan sacar del escrutinio ciudadano decisiones, proyectos o actuaciones gubernamentales sin acreditar un daño concreto.

“La transparencia es una condición indispensable para que la sociedad pueda conocer cómo se ejerce el poder público, cómo se utilizan los recursos y cuáles son los fundamentos de las decisiones de las autoridades”, destaca en la iniciativa.

Además, mantiene la protección de información cuya divulgación pueda comprometer investigaciones criminales, la prevención y persecución de delitos, así como expedientes judiciales y procedimientos administrativos que puedan causar daño al Estado. Es decir, no plantea una apertura indiscriminada de información que pueda poner en riesgo investigaciones, procesos o personas protegidas por la ley.

Moreira Valdez sostiene que la protección de sectores sensibles como el militar, nuclear, energético, satelital, tecnológico o de infraestructura estratégica debe mantenerse cuando exista una razón legítima, pero no puede convertirse en una autorización automática para reservar documentos administrativos, presupuestales, contractuales o de planeación que deberían estar sujetos al escrutinio público.

El congresista recordó que el acceso a la información no es un derecho meramente formal: y refirió que durante 2024 se registraron más de un millón de solicitudes de información a nivel nacional, lo que demuestra que la ciudadanía utiliza de manera cotidiana este mecanismo para conocer y fiscalizar la actuación de las instituciones públicas.

“La transparencia no debe depender de la voluntad de los gobiernos en turno ni de la conveniencia coyuntural de una administración”, señala el documento presentado por Rubén Moreira.