”MIRA LO QUE HACEN”
El INE verificará antecedentes de aspirantes, pero las dirigencias partidistas tendrán la decisión sobre su registro, aun cuando existan alertas de riesgo.
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2026.—
Los partidos políticos podrán mantener sus postulaciones para las elecciones de 2027 aun cuando las autoridades de seguridad detecten riesgos razonables de posibles vínculos de sus aspirantes con la delincuencia organizada, debido a que la legislación electoral deja en manos de las propias organizaciones partidistas la decisión sobre su registro.
El Instituto Nacional Electoral (INE) contará con un mecanismo de verificación de candidaturas mediante el cual podrá solicitar información a instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para identificar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas.
Sin embargo, una alerta derivada de este procedimiento no representa automáticamente un impedimento legal para competir por un cargo de elección popular.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas funcionará como enlace entre los partidos y las autoridades encargadas de revisar los perfiles de quienes buscan participar en los comicios.
Entre las instituciones involucradas se encuentran la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El mecanismo permitirá informar a las dirigencias partidistas sobre la existencia de riesgos razonables, sin revelar información reservada de investigaciones en curso.
Chihuahua ante el desafío de evitar la infiltración criminal
La disposición adquiere relevancia para Chihuahua, donde en 2027 se renovarán la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso local, además de las diputaciones federales.
El nuevo procedimiento plantea una responsabilidad directa para las dirigencias de todos los partidos políticos, que deberán valorar los antecedentes de sus aspirantes antes de otorgar candidaturas.
La existencia de una alerta de riesgo no equivale a una sentencia ni demuestra por sí misma responsabilidad penal. No obstante, abre un debate sobre la obligación de los partidos de prevenir la posible infiltración de organizaciones criminales en los espacios de representación popular.
El reto será garantizar que las candidaturas cumplan los requisitos legales y que los mecanismos de revisión contribuyan a proteger la integridad de las elecciones.
De esta manera, el proceso electoral de 2027 pondrá a prueba no solamente la capacidad de verificación de las autoridades, sino también la responsabilidad de las dirigencias partidistas al seleccionar a quienes buscarán representar a la ciudadanía.




