Piden reconocer vulnerabilidad de bebés nacidos en prisión

CHIHUAHUA, Chih., 17 de mayo de 2025.- Con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez, la diputada federal Verónica Martínez García presentó una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10, 44 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger los derechos de los infantes que nacen y viven en centros penitenciarios junto a sus madres.

“Hoy los menores que nacen y permanecen en prisión son invisibles para muchos, crecen en ambientes que no favorecen su desarrollo integral y que afectan su salud física, mental y emocional. No podemos permitir que su primer entorno de vida sea un espacio de violencia y rezago”, afirmó en un boletín de prensa.

Propuso que la estancia de niñas y niños en centros penitenciarios será considerada como una condición de vulnerabilidad y que sólo podrán permanecer junto a sus madres hasta los 3 años de edad. Después de ese periodo, dijo, se deberá realizar una separación gradual y supervisada, asegurando la continuidad de los vínculos afectivos mediante visitas programadas y atención psicológica.

Señaló que la reforma incorpora directrices claras para que las autoridades proporcionen condiciones dignas durante la permanencia de los menores en prisión, así como mecanismos de protección y custodia una vez que salgan del centro penitenciario. Además, recordó que la falta de atención a estos menores perpetúa los ciclos de marginación social que afectan a sus madres.

La diputada priista llamó a los tres órdenes de gobierno a asumir su responsabilidad en la protección de estos menores, a quienes el Estado debe garantizar una alimentación adecuada, atención pediátrica y contar con los espacios que permitan su recreación y actividades didácticas como parte de su sano desarrollo, velando siempre por el interés superior de la niñez.

Recordó que de acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023, 344 niñas y niños residen en reclusorios en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales. Dijo que muchos de estos centros carecen de la infraestructura adecuada para garantizar atención médica, educación, alimentación adecuada y espacios recreativos.