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CHIHUAHUA, Chih., 15 de septiembre de 2026.- El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, pidió esperar a que concluya el proceso de revisión de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Liconsa Chihuahua, antes de determinar responsabilidades por las irregularidades detectadas.
Esto, luego de que la ASF señalara observaciones por más de 45 millones de pesos en las operaciones de la paraestatal durante la gestión de Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora con licencia Andrea Chávez, entre ellas pagos por más de un millón de pesos a dos proveedores que ya habían fallecido.
Estrada explicó que las observaciones de las auditorías, tanto federales como estatales, dan paso a un periodo de aclaraciones en el que los funcionarios involucrados pueden presentar documentación y otros elementos para solventarlas.
“Entiendo yo que deriva de observaciones que hace la Auditoría Superior y en los procesos de las auditorías, sea la Auditoría Superior de la Federación o de las entidades, llegan las observaciones y todavía entra un periodo de aclaraciones”, señaló.
El legislador consideró que debe agotarse toda la investigación antes de determinar si existe alguna responsabilidad y, en caso de que así sea, aplicar las sanciones establecidas por la ley.
“Yo diría que termine el proceso, pero que termine el proceso, es decir, que se lleve toda la investigación, que se hagan las aclaraciones y una vez que concluya todo lo que es el proceso, si hay alguna sanción, pues que se aplique la ley tal como está establecido”, afirmó.
Estrada rechazó además que las observaciones deban utilizarse automáticamente como una crítica contra la senadora con licencia Andrea Chávez y reiteró que debe darse oportunidad a los involucrados de presentar las aclaraciones correspondientes.
Como parte de su explicación, puso como ejemplo los casos de beneficiarios fallecidos dentro de programas sociales, al señalar que puede existir un desfase entre la fecha del fallecimiento y la actualización de la información en los sistemas de las dependencias.
“Imagínese que en el caso que yo le pongo el beneficiario lamentablemente fallezca, para cuando RENAPO, Registro Nacional de Población, genera a las instancias correspondientes la información, pues ya pasó uno o dos meses”, explicó.
Añadió que una situación de este tipo podría presentarse en distintos programas estatales y federales, particularmente cuando los recursos son dispersados directamente a los beneficiarios y no pasan por las manos del funcionario responsable.
“Yo a favor de que siempre que se den ese tipo de controversias mejor se lleve a cabo todo un proceso, se aclare, si hay responsabilidad se sancione y si no la hay también se diga”, puntualizó.