Confirman visita de Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez este sábado
CHIHUAHUA, Chih., 15 de febrero de 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, presentó una iniciativa con carácter de decreto para replantear el modelo de elección de regidurías en los municipios del estado, de cara al proceso electoral 2026–2027.
La propuesta busca modificar artículos transitorios aprobados en legislaturas anteriores que abrían la posibilidad de elegir regidores por demarcaciones territoriales. El legislador argumentó que la realidad territorial y demográfica de Chihuahua difiere considerablemente de otras entidades donde opera ese esquema.
El documento expone que Chihuahua cuenta con 67 municipios y una población estimada de más de 4 millones de habitantes, mientras que Nayarit —único referente donde se aplica este modelo— tiene 20 municipios y alrededor de 1.2 millones de habitantes, lo que representa condiciones administrativas y operativas distintas.
Entre los principales argumentos, la iniciativa advierte que implementar la elección de regidores por zonas territoriales implicaría un incremento aproximado del 25% en el presupuesto del órgano electoral local, con un costo adicional estimado en 20 millones 655 mil pesos. Dicho monto contemplaría gastos derivados de la contratación y capacitación de personal, revisión de candidaturas, traslado y resguardo de material electoral, campañas informativas y fiscalización de nuevas postulaciones.
Como referencia del impacto económico, también se menciona que en un proceso electoral extraordinario reciente el gasto alcanzó alrededor de 478 pesos por elector.
Chávez Madrid sostuvo que “la implementación directa de regidurías por demarcación territorial, en las condiciones actuales, no garantiza por sí misma una mejora efectiva en la representación ciudadana”, por lo que subrayó la necesidad de ajustar el modelo con base en criterios técnicos, operativos y presupuestales.
La iniciativa busca otorgar certeza jurídica al próximo proceso electoral y redefinir el esquema de representación municipal acorde a las características del estado.