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CHIHUAHUA, Chih., 15 de octubre de 2026.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra tres ciudadanos mexicanos, señalados por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal por 74 millones de dólares, mediante la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas y el cobro de aproximadamente 16 mil cheques.
La acusación fue presentada en el Distrito Norte de Georgia e involucra a los hermanos Gustavo Rojano Salazar y Gabriel Rojano Salazar, así como a Andrés Huerta Rendón, residentes del área metropolitana de Atlanta.
De acuerdo con la información difundida, los tres enfrentan cargos relacionados con fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, desde 2019, los acusados habrían participado en una operación destinada a obtener devoluciones fiscales indebidas del Servicio de Impuestos Internos (IRS), mediante declaraciones de impuestos presuntamente falsas.
El esquema investigado habría permitido gestionar y cobrar miles de cheques vinculados con devoluciones fiscales, generando un presunto perjuicio económico millonario para el sistema tributario estadounidense.
Investigan operaciones financieras y posible lavado de dinero
La investigación federal también contempla el presunto uso de mecanismos financieros para movilizar recursos obtenidos mediante las operaciones fraudulentas.
Los cargos por conspiración para cometer lavado de dinero reflejan que las autoridades investigan no solamente la obtención de los recursos, sino también las operaciones realizadas posteriormente con el dinero.
El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir el fraude tributario y las redes que presuntamente aprovechan los sistemas de devolución de impuestos para obtener beneficios económicos ilegales.
Relevancia para la comunidad mexicana en Estados Unidos
La acusación adquiere relevancia por tratarse de ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos, donde millones de connacionales participan en actividades económicas y cumplen obligaciones fiscales.
En estados fronterizos como Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, el intercambio económico y laboral con Estados Unidos mantiene una relación constante con los sistemas financieros y tributarios de ambos países.
No obstante, hasta el momento no se ha informado de alguna relación directa de los acusados con operaciones realizadas en territorio chihuahuense.
Las autoridades estadounidenses deberán presentar las pruebas correspondientes durante el proceso judicial para determinar las responsabilidades individuales.
La presentación de una acusación formal no constituye una sentencia condenatoria, por lo que los tres ciudadanos mexicanos mantienen su presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.




