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CHIHUAHUA, Chih., 9 de octubre de 2026.–
Decenas de personas afectadas por el caso de Aras Business Group bloquearon este viernes los accesos al Palacio de Gobierno y la circulación en calles del Centro Histórico de Chihuahua, para exigir respuestas de las autoridades y avances concretos en la recuperación del patrimonio perdido.
La manifestación fue encabezada por el abogado Felipe Acosta, representante de un grupo de víctimas, quien denunció que, pese al tiempo transcurrido y a la existencia de una sentencia condenatoria, continúa pendiente la entrega de bienes asegurados a la empresa para avanzar en la reparación del daño.
De acuerdo con el representante legal, el inventario de propiedades relacionadas con Aras pasó de 122 inmuebles a 79, mientras que solamente 18 han sido liberados, sin que, según su versión, se haya concretado su entrega material al liquidador.
Acosta señaló que existen 7 mil 150 personas con querellas formales relacionadas con el caso, muchas de las cuales continúan esperando recuperar al menos una parte de sus inversiones.
Los manifestantes cuestionaron la falta de coordinación entre la Fiscalía General del Estado y las autoridades judiciales, al considerar que los procedimientos administrativos y legales han retrasado la disposición de los bienes.
Durante la protesta, los inconformes permitieron la salida de trabajadores del Palacio de Gobierno, pero restringieron el ingreso al edificio y bloquearon la calle Aldama, entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, lo que ocasionó afectaciones a la circulación vehicular.
Asimismo, solicitaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, y representantes de la Fiscalía General del Estado para establecer compromisos y mecanismos que permitan agilizar el proceso.
Los afectados advirtieron que podrían ampliar sus movilizaciones a otras dependencias estatales e incluso regresar el próximo lunes si no obtienen respuestas concretas.
El caso Aras se aproxima a cinco años desde que comenzaron las reclamaciones contra la financiera, mientras miles de inversionistas permanecen a la espera de una solución judicial que permita recuperar sus recursos.
La principal exigencia de las víctimas es que los bienes asegurados se traduzcan finalmente en una reparación efectiva del daño, con procedimientos transparentes y plazos definidos.




