Busca Ortega prevenir uso simulado del cambio de identidad de género

CHIHUAHUA, Chih. 19 de junio de 2025. - Tras la presentación del exhorto legislativo en el Congreso del Estado para que la Fiscalía de Chihuahua atienda los casos de violencia vicaria y prevenga el fraude procesal relacionado con el uso simulado del cambio de identidad de género, la diputada Leticia Ortega Máynez ha sido blanco de ataques, campañas de desinformación y discursos que buscan minimizar una problemática profundamente documentada.

El exhorto, presentado en tribuna el 29 de mayo, señalaba una práctica cada vez más recurrente: hombres involucrados en procesos judiciales que simulan un cambio registral de género para evadir la justicia, acceder a espacios institucionales de protección creados para mujeres y, en algunos casos, reclamar reconocimiento como sujetos protegidos por la ley vicaria.

Lo más revelador ocurrió tras el posicionamiento, el diputado del PAN, Carlos Olson San Vicente, se levantó a desviar el tema del fraude procesal con un discurso de persecución a los hombres, cuando el tema de fondo era el uso indebido de herramientas jurídicas para perpetuar ciclos de control y agresión. El exhorto fue finalmente desechado con los votos en contra de las bancadas del PAN y el PRI.

Leticia Ortega Máynez aclaró en recientes declaraciones que la violencia vicaria no es un concepto ideológico ni una narrativa partidista, sino una forma de violencia de género ya reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta figura contempla situaciones en las que mujeres son atacadas emocional y jurídicamente a través del uso de sus hijas e hijos, como mecanismo de castigo por haberse separado del agresor.

En respuesta a quienes comparan esta iniciativa con la figura de “alienación parental”, la legisladora subrayó que este concepto, aunque mediáticamente difundido, no tiene validez científica, ha sido rechazado por organismos como la ONU y la OMS, y no forma parte del marco jurídico mexicano. Por el contrario “la violencia vicaria está respaldada por evidencia judicial, académica y psicológica, y visibiliza una realidad que ha permanecido ignorada por demasiado tiempo”, no es un problema de custodia sin contexto.