Coahuila frente a la tragedia de las desapariciones

La violencia que azotó a México entre 2008 y 2012 abrió una enorme herida en el país y Coahuila no fue la excepción.

Desapariciones, ejecuciones y ataques atribuidos a grupos criminales principalmente, llegaron a regiones enteras del estado; municipios como Allende, Piedras Negras, Nava, Sabinas y la región Laguna quedaron marcados por hechos de extrema violencia, infiltración criminal y colusión de autoridades.

A diferencia del resto del país, desde 2011 Coahuila reconoció la crisis; aceptó públicamente su magnitud y replanteó políticas, instituciones de seguridad y mecanismos de procuración de justicia para enfrentar la desaparición de personas, la violencia extrema y la violación de derechos humanos, además de iniciar un proceso para reconstruir la relación con las víctimas.

Esto derivó en una ruta transexenal que permitió continuar con este trabajo, colocando a Coahuila como una de las entidades que más transformaciones institucionales ha impulsado en México para enfrentar este delito.

De esto dan cuenta informes oficiales; evidencias periodísticas; cifras, estadísticas y documentos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila; de la Subprocuraduría para Personas Desaparecidas, además de testimonios de integrantes de colectivos integrados por familiares de personas no localizadas.

PANORAMA ACTUAL

Una radiografía muy clara del trabajo que Coahuila ha consolidado de 2011 a la fecha en la materia, se describe en el documento entregado por el Estado mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), en este 2026, dentro del procedimiento activado por el artículo 34 de la Convención Internacional y que coloca a Coahuila entre los casos relevantes de México en materia de atención, búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Al fenómeno de la desaparición de personas, señala el texto, Coahuila respondió con un marco normativo que combina instrumentos federales y estatales, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como los Protocolos Homologados de Búsqueda e Investigación, el Protocolo para Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), la Alerta AMBER y el Protocolo Alba (aplicación del sistema local sujeta a activación federal).En el ámbito estatal, describe el texto, en diciembre de 2018, se publicó la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece el Mecanismo Estatal de Coordinación y tiene por objeto “establecer la coordinación entre el estado y sus municipios para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.

“En 2018 se creó la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza (CEBCZ) y en materia de atención a víctimas, Coahuila cuenta con una Ley de Víctimas, vigente desde 2014, que establece medidas de atención, protección y reparación integral con enfoque de derechos humanos, además de una Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, vigente desde 2014”, cita el escrito.

El documento da cuenta además de que en noviembre de 2024 se aprobó un Programa Integral para Mejorar la Calidad de Vida de las Familias de Personas Desaparecidas, que establece un marco de atención institucional único a nivel nacional.

EL CAMIINO

El reto no fue menor: el combate a la violencia no podía desligarse del respeto a los derechos humanos y el estado adoptó una postura autocrítica que llevó a subsanar omisiones y fortalecer la atención a las víctimas.

La administración estatal que entonces encabezó Rubén Moreira, (2011-2017), se abrió incluso a escuchar opiniones de organismos nacionales e internacionales expertos en la materia para tomarlas como herramientas para construir y rediseñar estrategias institucionales.

La ruta, se describe de forma muy clara en el documento publicado en agosto de 2016, “Respuesta del Estado de Coahuila de Zaragoza al Informe: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society, https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/Docs%20consulta/Informe-Open%20Society%20Foundations-web.pdf

El proceso iniciado en 2011, llevó a la creación en enero de 2012, de una Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila (actualmente conocida como Fiscalía para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, cuyo primer titular fue Juan José Yáñez Arreola.

Como parte del fortalecimiento al marco legal, el 21 de febrero de ese mismo año, en sesión del Congreso del Estado se aprobó la creación de nuevos tipos penales tales como: Desaparición forzada de personas, Facilitación delictiva, Circular con placas sobrepuestas, Utilización de vehículos, uniformes, insignias o equipo oficial con fines ilícitos cometido por servidor público y por particular, Simulación de vehículos, uniformes, insignias o equipos oficiales pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública, Usurpación de funciones de seguridad pública, Prestación de servicios de seguridad privada sin autorización, y Simulación de retenes oficiales. https://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/20120221.pdf

EL CRIHA esto se sumó la creación de protocolos de búsqueda; bancos genéticos; exhumaciones masivas y mecanismos de identificación humana.

En 2019 fue puesto en marcha en Saltillo, el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) con una inversión estimada en 149 millones de pesos, financiados con fondos federales y estatales.Sus resultados son medibles. Hasta octubre de 2024, el Centro había logrado 121 identificaciones positivas.

Para enero de 2026 la cifra oficial llegaba a 164 personas identificadas mediante procesos científicos y forenses.