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Chihuahua, Chih.- La gobernadora Maru Campos Galván cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua relacionadas con la participación de personas vinculadas con el crimen organizado en procesos electorales.
La mandataria sostuvo que la determinación de la Corte eliminó mecanismos que buscaban impedir que personas con vínculos acreditados con grupos criminales pudieran acceder a una candidatura o beneficiarse electoralmente de la intervención de organizaciones delictivas.
Campos señaló que el objetivo de la reforma era fortalecer el blindaje de los procesos electorales y establecer consecuencias cuando existieran elementos suficientes para acreditar una intervención criminal.
La resolución de la SCJN abrió un nuevo debate sobre los alcances constitucionales de este tipo de medidas y sobre la forma en que los estados pueden legislar para proteger las elecciones frente a posibles injerencias del crimen organizado.
La gobernadora adelantó que se analizarán nuevas alternativas legislativas para mantener mecanismos de protección electoral, pero ajustados a los criterios establecidos por la Suprema Corte.
El tema adquiere relevancia rumbo al proceso electoral de 2027, en medio de la discusión sobre cómo garantizar contiendas libres, seguras y sin intervención de organizaciones criminales.




