Trump anuncia avances para establecer base militar de EU en Polonia
CHIHUAHUA, Chih., 21 de junio de 2026.- La gobernadora Maru Campos responsabilizó al Gobierno Federal y a Morena de la crisis de confianza internacional que enfrenta México, ya que aseguró que la protección a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado colocó al país en una situación que incluso ha derivado en discusiones sobre posibles intervenciones extranjeras y riesgos para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La mandataria estatal afirmó que las conversaciones que se desarrollan en Estados Unidos sobre acciones unilaterales contra los cárteles y sobre la permanencia del acuerdo comercial no surgieron de manera espontánea, esto a través de un mensaje difundido en redes sociales.
“Lo que hoy se discute fuera del país como una posibilidad no surgió de la nada. Surgió de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado”, sostuvo.
Campos reiteró su rechazo a cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional y aseguró que la soberanía mexicana no está en negociación.
“Estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices”, expresó.
Empero, señaló que la defensa de la soberanía no puede utilizarse para justificar la impunidad y afirmó que el principal riesgo para el país proviene de la falta de acciones contra servidores públicos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
“La patria no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho”, afirmó.
La gobernadora acusó al Gobierno Federal de negarse a procesar a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y advirtió que esa situación ha debilitado la confianza internacional hacia México, por tanto, pidió la entrega inmediata del gobernador Rocha Moya.
Asimismo, sostuvo que una eventual afectación al T-MEC o una incursión extranjera en territorio nacional serían consecuencia de la política de protección a funcionarios acusados de mantener nexos con el crimen organizado.
Para finalizar llamó a las autoridades federales a fortalecer el Estado de derecho y a investigar los señalamientos existentes, al advertir que lo que está en juego es la seguridad, la libertad y la estabilidad económica de millones de familias mexicanas.