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CHIHUAHUA, Chih., 17 de septiembre de 2026.-
Solicitan la intervención de Claudia Sheinbaum para proteger el agua y respetar la decisión de la asamblea ejidal
BUENAVENTURA, Chih.— Habitantes del Ejido Benito Juárez solicitaron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar la reactivación de actividades mineras en su territorio y pidieron a las autoridades revisar y, en su caso, cancelar las concesiones existentes, así como impedir nuevas autorizaciones de exploración y explotación.
A través de una carta abierta, los ejidatarios expresaron su preocupación por la posibilidad de que proyectos mineros regresen a la comunidad y advirtieron sobre el riesgo de que un nuevo conflicto genere confrontaciones entre los habitantes.
“No queremos otra tragedia”, señalaron al recordar el asesinato de los defensores del agua y del territorio Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 22 de octubre de 2012, en el contexto del conflicto relacionado con la actividad minera en la región. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua documentó que ambos participaban en la defensa del agua y los recursos naturales de la zona.
Los pobladores recordaron que, tras aquel periodo de confrontación, la Asamblea General del Ejido Benito Juárez acordó en noviembre de 2012 restringir durante 100 años las actividades de exploración y explotación minera en sus tierras de uso común.
La decisión fue posteriormente respaldada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, que en 2014 confirmó la validez del acuerdo de la asamblea ejidal y la prohibición para que empresas mineras realizaran actividades en esas tierras durante el periodo establecido.
Ante el escenario que actualmente preocupa a la comunidad, los ejidatarios pidieron que se respete la determinación de la asamblea y que cualquier decisión relacionada con proyectos mineros considere los derechos agrarios de la comunidad.
El agua, otra de las preocupaciones
La defensa del agua ocupa un lugar central en las demandas de los habitantes. Los ejidatarios han señalado problemas relacionados con el suministro de agua en la comunidad y consideran que cualquier eventual proyecto minero debe ser analizado tomando en cuenta la disponibilidad del recurso y sus posibles efectos ambientales.
Además, solicitaron la instalación de mesas de diálogo con autoridades federales y estatales para revisar de manera integral la situación agraria, ambiental, hídrica y económica de la región.
Los habitantes insistieron en que su postura no significa oponerse al desarrollo económico, sino exigir que las decisiones sobre el territorio consideren la voluntad de la asamblea ejidal, la protección de los recursos naturales y la seguridad de la población.
El antecedente del conflicto minero en Benito Juárez se remonta a 2012, cuando la comunidad se opuso a trabajos de exploración de la empresa minera Cascabel, vinculada con MAG Silver. Ese año también se registraron enfrentamientos entre grupos a favor y en contra de la actividad minera.
La petición de los ejidatarios ocurre en el contexto de la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez, por lo que esperan que su gobierno conozca directamente sus planteamientos y establezca mecanismos de diálogo para prevenir nuevos conflictos.
La comunidad reiteró su llamado a las autoridades para garantizar el respeto a sus decisiones internas, proteger el agua y mantener condiciones de paz en el Ejido Benito Juárez.




