Guadalupe y Calvo y Uruachi concentran denuncias por desplazamiento forzado en Chihuahua

La violencia y las condiciones de inseguridad han obligado a familias de comunidades serranas a abandonar sus hogares; autoridades registran al menos 44 denuncias en distintas regiones del estado.

CHIHUAHUA, Chih., 25 de octubre de 2026.– Los municipios de Guadalupe y Calvo y Uruachi se mantienen entre los principales puntos de desplazamiento forzado en Chihuahua, donde familias enteras han tenido que abandonar sus comunidades ante situaciones de violencia e inseguridad.

De acuerdo con estadísticas de las fiscalías de distrito Zona Occidente y Zona Sur, durante 2025 y lo que va de 2026 se han registrado al menos 44 denuncias relacionadas con el desplazamiento de personas, principalmente en localidades de la Sierra Tarahumara.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur concentra 40 expedientes correspondientes a este fenómeno, de los cuales 38 se originaron en Guadalupe y Calvo y dos en Balleza.

Por su parte, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente contabiliza cuatro denuncias presentadas por habitantes de los municipios de Uruachi, Madera y Guazapares.

Los registros reflejan que el desplazamiento no se limita a una sola comunidad, sino que afecta a distintas localidades serranas donde las familias enfrentan dificultades para permanecer en sus lugares de origen.

Entre los casos documentados se encuentran habitantes que han buscado refugio en otros municipios de Chihuahua, mientras que algunos han llegado a establecerse temporalmente en la capital del estado.

La salida de estas familias implica abandonar viviendas, actividades productivas, tierras y redes comunitarias, además de enfrentar nuevos gastos y dificultades para acceder a empleo, educación y servicios básicos.

Comunidades indígenas, entre las afectadas

El desplazamiento también ha impactado a comunidades indígenas de Guadalupe y Calvo, particularmente en localidades donde las condiciones de seguridad han dificultado la permanencia de sus habitantes.

Desde 2025, familias de comunidades como Cinco Llagas han sido identificadas entre quienes dejaron sus hogares y se trasladaron a otras regiones en busca de condiciones más seguras.

La Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas y otras dependencias han participado en acciones de atención y acompañamiento para personas desplazadas, especialmente aquellas que requieren alojamiento, alimentación y apoyo institucional.

Sin embargo, el fenómeno representa un desafío que va más allá de la asistencia inmediata, pues las familias necesitan condiciones de seguridad para regresar a sus comunidades o alternativas de integración en los lugares donde actualmente residen.

Denuncias no reflejan necesariamente el total de afectados

Las 44 denuncias registradas corresponden a expedientes ministeriales y no representan el número total de personas desplazadas, ya que una sola denuncia puede involucrar a varias familias.

Además, existen casos que podrían no haber sido formalmente denunciados ante las autoridades.

La problemática evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad en las regiones serranas, mejorar los mecanismos de protección para la población y garantizar atención integral a quienes han tenido que dejar sus lugares de residencia.

El desplazamiento forzado continúa siendo uno de los problemas sociales y de seguridad que enfrentan comunidades de Chihuahua, particularmente aquellas ubicadas en zonas de difícil acceso y con presencia de grupos delictivos.

La atención de estos casos requiere coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia, desarrollo social y protección de los derechos humanos, con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas para las familias afectadas.