Atiende CNB a familias de personas desaparecidas en Guanajuato
CHIHUAHUA, Chih., 16 de octubre del 2025.- Un juzgado federal en Chihuahua otorgó suspensión definitiva a 15 integrantes de la organización Cruzada por la Familia, quienes promovieron amparo contra la entrega obligatoria de datos biométricos para la nueva CURP, documento que el gobierno federal prevé utilizar como identificación nacional.
La resolución impide, por ahora, que estas personas sean obligadas a proporcionar información sensible.
El fallo forma parte de una ola de recursos legales presentados en al menos 15 estados del país, donde jueces han emitido suspensiones tanto provisionales como definitivas.
José Medrano Carrasco, coordinador estatal de Cruzada por la Familia, consideró que esta política vulnera derechos humanos como la privacidad y la libertad, por lo que buscan que el acto de autoridad se declare inconstitucional.
A su vez, Francisco Javier Valenzuela Casas, presidente de Conciencia Social, señaló que los amparos se interpusieron también en entidades como Sonora, Nuevo León, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán. Ambos líderes acusaron al gobierno federal de pretender centralizar la información personal con fines políticos e ideológicos.
Según los promoventes, la nueva CURP sustituirá al INE y será requisito para cualquier trámite público o privado. Aseguran que la Plataforma Única de Identidad, administrada por la Secretaría de Gobernación, concentrará bases de datos de instituciones públicas y privadas, incluyendo registros de salud, transporte, educación y servicios financieros, además de información de geolocalización, lo que consideran un riesgo grave para la privacidad ciudadana.




