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CHIHUAHUA, Chih., 20 de febrero de 2026.- El doctor Víctor Orozco, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y exdefensor de los derechos universitarios, hizo pública una carta abierta dirigida a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en la que la acusa de vulnerar principios constitucionales tras sus declaraciones contra el académico Marx Arriaga.
En el documento, fechado el 20 de febrero de 2026, Orozco cuestiona las expresiones de la mandataria estatal, quien en días recientes consideró que a Arriaga debería impedírsele impartir clases en la UACJ, institución donde el exfuncionario federal busca reincorporarse como profesor de tiempo completo.
El académico señala que dichas declaraciones constituyen un acto grave de censura, motivado por las posiciones ideológicas de Arriaga respecto a los libros de texto gratuitos elaborados durante su gestión en la Secretaría de Educación Pública, y advierte que provienen de la titular del Poder Ejecutivo estatal.
En su carta, Orozco expone tres señalamientos principales. El primero, que las expresiones de la gobernadora atentan contra la libertad de cátedra, principio fundamental de las universidades, al pretender impedir que un docente ejerza por razones ideológicas.
Asegura que este tipo de posturas remiten a etapas históricas de intolerancia y represión del pensamiento.
En segundo término, advierte que las declaraciones lesionan la autonomía universitaria, al inmiscuirse en decisiones académicas que corresponden exclusivamente a los órganos internos de la UACJ, particularmente al Consejo Universitario, único facultado para decidir sobre el ingreso o reincorporación de docentes.
Como tercer punto, señala una posible afectación a la libertad de trabajo, al recordar que ningún poder administrativo puede impedir que una persona ejerza su profesión, en este caso, la docencia.
Finalmente, el maestro emérito advierte que las expresiones de la gobernadora han propiciado manifestaciones de intolerancia y discursos de odio, los cuales asocia con prácticas propias de regímenes autoritarios, y subraya que la responsabilidad del Ejecutivo es preservar las libertades públicas, no vulnerarlas.
La carta se suma a la polémica generada por las declaraciones de la mandataria estatal en torno a la posible reincorporación de Marx Arriaga a la UACJ.