
Arancel a tomate mexicano por supuesto dumping perjudicará a EU: Berdegué
Ayer la gobernadora Maru Campos se reunió con la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez para tratar varios temas de interés para Chihuahua, principalmente la exigencia de Estados Unidos por el pago de agua emanado del tratado de 1944.
Entrada la noche, la secretaria de Gobernación informó que se acordaron acciones en beneficio de la población, aunque no se detallaron los resultados de la reunión.
Con este tipo de encuentros, se demuestra que la Gobernadora tiene las puertas abiertas. Sin duda que es un tema importante y seguramente la nueva relación con el gobierno federal habrá de dar como resultado mayor coordinación y más logros a favor de los chihuahuenses.
Acompañaron a la Gobernadora: Mario Mata, Santiago De la Peña, Mauro Parada, Jesús Granillo y Hugo Gutiérrez. Por el lado del gobierno federal estuvieron además Alicia Bárcena y Julio Berdegué.
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Alito Moreno nombró ayer a Sixto Duarte, sobrino del exgobernador César Duarte, como Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Más allá del nombramiento nacional al chihuahuense que es muy bueno, llama la atención el cariñito que Alito le manda a César Duarte con el nombramiento de su sobrino, pues cada día son más las versiones de que el exgobernador de Chihuahua opera políticamente desde hace tiempo para el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar.
Por eso, ayer por la tarde muchos se preguntaron el verdadero vínculo de este encargo partidista de primer nivel en el CEN.
Es obvio que algo trama el líder nacional del PRI al tratar de conservar al exgobernador César Duarte cerca para lo que se pudiera ofrecer y más ahora que los Baeza y Patricio Martínez prefirieron romper de tajo con la administración del exgobernador de Campeche.
Dicen que tampoco hay que perder de vista a la diputada Graciela Ortiz, exsecretaria de Gobierno en la administración duartista, pues comentan que pudo ser parte del acuerdo en el nombramiento.
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Tómelo con reserva, pero corrió el rumor entre usuarios de la clínica del ISSSTE en la capital del estado, sobre la llegada de medicamento contra el cáncer desde la India al parecer sin autorización de la COFEPRIS.
El fármaco, en cantidades importantes, permanece bajo resguardo en una bodega del Hospital Lázaro Cárdenas luego de que personal médico dijo desconocer su eficacia para el tratamiento de cáncer.
Lo denunciado por familiares de pacientes no debe ser ignorado por las autoridades del sector salud tanto estatal como federal.
La institución no ha emitido comentario alguno pero la zozobra de usuarios y del personal médico es evidente.
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Los actos de corrupción o verdadera rapiña en los ceresos estatales siguen siendo tolerados por los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, institución que tiene a su cargo el sistema de reinserción social en Chihuahua.
Los custodios cobran hasta por el ingreso de una cuchara de plástico a familiares que acuden a visitar a sus internos.
Las tarifas varían de acuerdo a los requerimientos básicos de los presos como artículos de higiene, electrodomésticos, uso de teléfonos públicos, celulares, visita conyugal, solo por citar algunos ejemplos de la enorme corrupción que prevalece en los centros de “reinserción” en Chihuahua.
Los mandos de la SSPE realizan esporádicamente operativos para asegurar armas, drogas y artículos de otra índole, que con mucho esfuerzo adquieren las familias para los internos.
A ver si Gil Loya, el titular de la dependencia estatal, se decide por fin a poner en orden a los custodios y concede que los internos puedan acceder a artículos permitidos.
De lo contrario, incurre en omisiones ante los actos de corrupción que dañan la imagen de la institución que dirige.
Se sabe que hay más de ocho mil internos en el sistema estatal penitenciario.
¿Tendrá en mente el funcionario estatal el nivel de enojo y frustración de los familiares al tener que pagar por ingresar artículos permitidos?
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Acción Nacional, a su pesar, debió aceptar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conceder el “mal menor” en la iniciativa Ley de Dos Corazones, presentada ayer por el diputado Carlos Olson.
Nos referimos a que una mujer será libre de abortar mientras el embrión no presente latido cardiaco, lo cual ocurre hasta la sexta semana de gestación, de acuerdo a estudios en la materia.
La iniciativa del legislador sería pionera a nivel nacional pues propone que:
“A la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto después de la detección del latido cardíaco embrionario, se le impondrá de seis meses a tres años de tratamiento en libertad. Este tratamiento tendrá como objetivo la rehabilitación de las mujeres por los efectos físicos y psicológicos causados como consecuencia del aborto”.
En su exposición, el legislador panista señala que la Ley de los Dos Corazones atiende, con fundamento jurídico, ético y científico, el principio de que la vida humana merece protección legal desde que se verifica la existencia de un latido autónomo del corazón del nasciturus.
“En todos estos casos, el fundamento es el mismo: cuando la ciencia permite constatar la vida mediante signos vitales como el latido, el derecho no puede ignorarla”.
Lo que sí propone Olson es penas de seis meses a tres años de cárcel a quien cause la muerte del producto de la concepción después de la detección clínica del latido cardíaco embrionario.
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El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas Enrique Rascón continúa recorriendo la Sierra Tarahumara haciendo la talacha que le corresponde, dicen que así ha sido desde que asumió el cargo y que por ese motivo ya se ha ganado un lugar entre el panismo, por lo menos institucionalmente hablando.
Enrique, aunque joven, ya traía un camino político recorrido, no llegó a aprender y eso lo llevó a dar resultados positivos para el gobierno de Maru Campos allá en la Sierra Tarahumara, en donde no cualquier dependencia entra.
En los últimos días, Rascón ha estado junto al DIF estatal en la entrega de apoyos alimenticios en Balleza y Guachochi en donde hace falta que estén los funcionarios públicos ayudando con los programas de acción del gobierno y más por los problemas actuales de sequía, que han pegado y fuerte a quienes viven al cien por ciento de lo que siembran en aquella región del estado.