Mira Lo Que Hacen

Sube tensión en el PAN tras dimisión de César

Pretendía blindaje Zuany como Gran Maestro

Reglas de extradición chocan con narrativa

Prueba de fuego para FGR tema Rocha Moya

Alístate para nuevo “Mercadito Más Barato”

Hay un intenso debate al interior del panismo luego de la renuncia de César Jáuregui como Fiscal General del Estado.

Tanto algunos que le hablan al oído como otros grupos al interior de Acción Nacional, analizan dos sopas: sigue firme en su intención de buscar ser alcalde de la capital, o su equipo se decanta por alguno de los otros suspirantes.

Nos referimos a Santiago de la Peña, Alfredo Chávez, Alan Falomir, Rafa Loera y la recién “encuerdada” Manque Granados.

César no puede confiarse en que la 4T -ahora con el tema del gobernador de Sinaloa y otros nueve de su círculo acusados de narcotraficantes por los Estados Unidos- desistirá de continuar la investigación en su contra por permitir la intervención de agentes extranjeros en el operativo de Morelos.

Cualquier candidatura se le pudiera “caer” de resultar inhabilitado para ocupar un cargo, de acuerdo a la legislación federal.

Es ahí el punto más álgido sobre el futuro político del ex fiscal, a quien hay que reconocer sus resultados en las diferentes trincheras que ha ocupado en el servicio público.

El otro ingrediente es sobre que ruta tomarán su equipo cerrado y estructura territorial de no postularse a la alcaldía.

Faltan meses para la decisión fatal, en manos de la gobernadora Maru Campos y la dirigencia nacional panista

Así que al tiempo y que prevalezca la calma, no obstante que los aspirantes no han dejado de hacer talacha en campo.

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Se sabe que ahora que iniciaron las investigaciones al interior de la FGE por la participación de dos agentes de la CIA en tierras chihuahuenses, trascendió que una de las tantas razones por las que Arturo Zuany, fiscal de operaciones estratégicas de la FGE, contendió para gran maestro de la Logia Cosmos de Chihuahua de la masonería, era en un intento de autoprotegerse de alguna investigación, señalamiento o inclusive denuncia en contra, por aquello de que dicha investigación lo señalara como presunto responsable de la autorización en la participación de los agentes extranjeros.

En una especie de auto protección al ser gran maestro de la masonería hubiera tenido un alcance mayor con los gran maestro de los otras 31 entidades del país y porque no con los responsables de las logias masónicas de México, situación que no sucedió y que ahora lo dejan como un fiscal más en este gran entramado jurídico, diplomático y político.

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El debate en torno a la posible extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve cercanos, entre ellos un senador y alcalde también morenistas, ha dejado de ser estrictamente jurídico para convertirse en un terreno de disputa política, donde los argumentos legales se diluyen entre narrativas de soberanía, responsabilidades institucionales y costos diplomáticos.

De entrada, es importante subrayar lo dicho ayer por la presidente Claudia Sheinbaum: que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no exige “pruebas contundentes” como condición para una detención provisional.

Esa expresión, reiterada en el debate público, no existe ni en el marco convencional ni en la Constitución mexicana.

Lo que sí existe es un procedimiento claro, con etapas diferenciadas y estándares jurídicos específicos.

El proceso de extradición, aunque tiene implicaciones penales, es esencialmente un procedimiento administrativo en su conducción inicial.

En este punto, la figura clave es la detención provisional, que opera como una medida cautelar internacional.

Para su ejecución, basta con que el Estado requirente —en este caso Estados Unidos— acredite la existencia de una orden judicial de captura, acompañada de la solicitud diplomática y los datos de identificación del requerido.

Según lo que ha trascendido, este requisito estaría cumplido en el caso del mandatario sinaloense.

Aquí es donde el discurso político comienza a tensar el marco legal. La insistencia en que “no se puede detener sin pruebas” resulta, en términos estrictamente jurídicos, incorrecta.

La detención provisional no prejuzga culpabilidad ni sustituye el análisis probatorio de fondo; simplemente activa un mecanismo de cooperación internacional basado en la confianza entre Estados y en la existencia de un mandato judicial previo.

La presidente Sheinbaum ha sido cuidadosa en matizar este punto: México —dijo— actúa conforme a la ley, pero también en defensa de su soberanía.

Este doble discurso revela el equilibrio que busca el gobierno federal: no romper con el marco jurídico internacional, pero tampoco aparecer subordinado a decisiones externas, especialmente en un contexto políticamente sensible.

Una vez ejecutada la detención provisional, el procedimiento entra en su fase garantista.

El detenido es puesto a disposición de un juez federal, quien le informa de las causas de su detención y de los recursos legales que puede interponer.

Paralelamente, se notifica al Estado requirente, que cuenta con un plazo de hasta 60 días para formalizar la solicitud de extradición.

Es en esta segunda etapa donde sí aparece el requisito probatorio.

Estados Unidos deberá presentar pruebas suficientes, no “contundentes”, conforme al estándar mexicano, que permita justificar la apertura de un proceso penal. Y aquí hay otro elemento clave del análisis: el umbral probatorio en México para vincular a proceso es relativamente bajo, lo que reduce significativamente el margen de rechazo por insuficiencia de evidencia.

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Otro punto que ha generado confusión —y que conviene aclarar— es el papel de la Fiscalía General de la República.

La FGR no tiene facultades para realizar una investigación paralela ni para determinar la suficiencia de pruebas en el contexto de una extradición.

Su rol es operativo, no decisorio. La valoración jurídica recae en el juez federal, mientras que la decisión final corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pondera tanto elementos legales como consideraciones políticas y diplomáticas.

En este contexto, según expertos, los argumentos que buscan frenar una eventual detención del gobernador Rocha Moya bajo la premisa de falta de pruebas, no sólo son débiles desde el punto de vista técnico, sino que evidencian una estrategia política orientada a ganar tiempo o a trasladar el debate al terreno de la soberanía nacional.

Sin embargo, el fondo del asunto va más allá del expediente jurídico. La posición de Sheinbaum sugiere que el gobierno federal intentará administrar el caso con cautela, evitando una escalada con Estados Unidos, pero también midiendo el impacto interno de proceder contra un actor político en funciones.

La extradición, en este escenario, no es sólo un acto legal: es una decisión de alto costo político.

En suma, el caso pone a prueba no sólo la solidez del marco jurídico de cooperación internacional, sino también la capacidad del Estado mexicano para sostener una posición coherente entre la ley, la política y la presión externa.

Porque si algo queda claro, es que, en este tipo de procesos, la legalidad marca el camino… pero la política suele decidir el ritmo.

Y un ingrediente a revisar es el proceso para quitar el fuero al gobernador, quien, en más de una ocasión, ha reiterado ser inocente.

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Hay programas que funcionan desde el primer día porque responden a una necesidad muy concreta de las familias: que el dinero alcance más.

Eso ocurrió con la primera edición del “Mercadito Más Barato” en la colonia Los Frailes, donde la respuesta ciudadana dejó claro que existe una demanda real por este tipo de apoyos. Y justamente por ese resultado, el programa ahora llegará a la colonia Campesina este próximo sábado 9 de mayo.

La lógica es sencilla: acercar productos de la canasta básica a precios accesibles, mientras también se impulsa a emprendedores locales y se llevan servicios municipales directamente a las colonias.

Pero detrás del programa hay algo más de fondo, en tiempos donde muchas familias ajustan cada vez más su gasto diario, cualquier acción que ayude a aliviar la economía del hogar termina teniendo impacto inmediato.

Y quizá ahí está el mayor acierto: entender que las políticas públicas no siempre tienen que ser complejas para ser útiles. A veces, ayudar también significa facilitar lo cotidiano. Cuando un programa conecta con las necesidades reales de la gente, la respuesta llega sola.