Mira Lo Que Hacen

-Cruz lleva porra; Andrea va en solitario

-Deja Yanko Durán tarea al Congreso

-Para Sheinbaum Maru hace propanda

-Inadmisible para Marco postura de GPMorena

Cruz Pérez Cuéllar llevó tambora, familia, diputados, colaboradores y a varios indígenas; Andrea Chávez solo a su bebé en el vientre mientras que el profesor Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta, cumplieron el protocolo sin mayores reflectores.

Así fue su registro ayer en la CDMX como aspirantes a coordinadores estatales de la transformación -aspirantes a la gubernatura-, ante la dirigencia nacional de Morena que encabeza Ariadna Montiel.

¿Qué sigue? Pues al menos para Cruz y Andrea continuar su muy anticipado activismo político hasta que se resuelva quién será el abanderado de Morena a la gubernatura.

Eso sí, todos los aspirantes firman un documento en el que aseguran no tener proceso penal pendiente, no ser deudor alimentario y aceptan que Morena consulte información sobre su “trayectoria” ante diversas instancias gubernamentales.

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Y es que el “destapadero de corcholatas” en Morena, provocó que decenas de legisladores en el país solicitaran licencia por unos meses en su afán de dar el brinco a la gubernatura de sus estados.

Total, para eso están sus suplentes quienes por unos meses atenderán los asuntos del país.

Acción Nacional hará lo propio a partir de agosto y poco después el resto de la oposición, más los nuevos partidos políticos en espera de ser autorizados por el INE.

El país entró a la primera fase, podría decirse legal del proceso electoral, que consiste en los métodos internos para la designación de aspirantes.

Legal entre comillas, porque quienes aspiran a las 17 gubernaturas en junio de 2027, sin distingo de color partidista, ya van para dos años en franca campaña sin que autoridad electoral alguna ponga orden por los actos anticipados y el gasto.

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Sobre lo anterior, bien lo dijo ayer la presidente del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán: es necesario revisar y modificar el marco legal que regula los actos anticipados de campaña y la promoción política.

Explicó que algunas conductas de actores políticos pueden generar la percepción de que ya están en campaña, aunque el Instituto debe actuar únicamente dentro de las facultades que le otorga la ley.

Durán señaló que la reciente reforma electoral no incluyó cambios en esta materia, por lo que planteó la necesidad de abrir una discusión legislativa.

A título personal, propuso dos alternativas: establecer reglas más claras para este tipo de actividades o permitir que todas las personas interesadas en competir por un cargo de elección popular puedan realizar las mismas acciones en igualdad de condiciones.

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En la mañanera de ayer, y a pregunta expresa de la prensa consentida de Palacio Nacional, la presidente Claudia Sheinbaum evitó entrar en confrontación con la gobernadora Maru Campos, quien demanda a la 4T deje de proteger a figuras morenistas vinculadas con el crimen organizado.

Sin embargo, la doctora Sheinbaum fue contundente al calificar de propaganda política las expresiones de Maru, con quien dijo llevar un trato institucional.

Y es que la relación estado-federación cada día se torna más fría.

De institucional para abajo, se diría coloquialmente.

Tan es así que la gobernadora Campos Galván apretó el gasto en la administración ante la tardanza de los recursos federales que corresponden al estado, estimados en unos mil millones de pesos en lo que va del año.

Pero Morena local tiene otros datos y asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha destinado a Chihuahua más de 10 mil millones de pesos.

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La encuesta de CE Research sobre los posibles escenarios presidenciales de 2030, ratificó que Omar García Harfuch como el perfil mejor evaluado dentro del círculo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad Pública aparece con una aprobación de 75 por ciento en su desempeño y encabeza las preferencias entre los aspirantes identificados con la llamada Cuarta Transformación, muy por encima de otros integrantes del gabinete federal.

El dato resulta relevante porque Harfuch ha insistido públicamente en que su prioridad es la estrategia de seguridad y no una candidatura presidencial.

Sin embargo, los números muestran que la percepción ciudadana lo ubica ya en la conversación sucesoria.

Detrás de él aparecen Marcelo Ebrard, Clara Brugada y Andrés Manuel López Beltrán, mientras que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, registra los niveles más bajos dentro de ese grupo.

La medición también permite observar cómo se perfilan las fuerzas políticas fuera de Morena.

En Movimiento Ciudadano la disputa interna luce cerrada entre Luis Donaldo Colosio Riojas y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

En el PAN, Ricardo Anaya aparece entre los nombres con mayor reconocimiento, mientras que en el PRI el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, concentra las mayores menciones rumbo al próximo relevo presidencial.

A cuatro años de la elección de 2030, las encuestas tienen más valor como indicadores de posicionamiento que como pronósticos definitivos.

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Esta semana, Marco Bonilla salió a respaldar a Maru Campos, sí, pero el mensaje de fondo iba mucho más allá de un espaldarazo político. Puso el dedo en una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué Morena votó en contra de sancionar a partidos y candidatos que reciban apoyo de la delincuencia organizada?

Esta postura rompió esquemas. Porque ahí ya no estamos hablando de discursos, ni de conferencias mañaneras, ni de pleitos entre partidos. Estamos hablando de una línea que debería ser infranqueable para cualquiera que diga defender la democracia.

Por ahí se le escuchó decir a Bonilla que esa votación dejó claro de qué lado está cada quien. Y la verdad es que cuesta trabajo encontrar un argumento para explicar por qué alguien estaría en contra de castigar la intervención del crimen en las elecciones.

Al final, la discusión ya no es Maru, ni Bonilla, ni siquiera Morena. La discusión es mucho más sencilla: si el crimen organizado mete las manos en la política, ¿se le castiga o se le protege?

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El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, fue quien salió a dar la cara ante la inconformidad de los choferes del Bowí, dejando claro que los descuentos en sus percepciones no fueron decisión de la Operadora de Transporte (OTV), sino resultado de un ajuste determinado por el IMSS.

Con este tipo de acciones refuerza su papel como el principal vocero y mediador ante la protesta de los operadores.