
Apenas sobreviven los glaciares mexicanos, aseguran especialistas
El Instituto Nacional Electoral, más cargado ahora al gobierno en turno, sigue haciéndose de la “vista gorda” ante el activismo político de figuras que ya se preparan para el proceso electoral intermedio de 2027.
Las leyes electorales son letra muerta en México y más ahora con un árbitro que no se quiere meter en problemas con la Presidencia de la República y mucho menos con el Congreso de la Unión, hoy en manos de Morena.
Lo mismo ocurre con los órganos electorales en los estados, la gran mayoría gobernados por Morena.
El librar sanciones por actos anticipados de campaña es la especialidad de la casa de todos los partidos políticos y gobiernos.
Pero hoy algunos políticos se han volado la barda y parece que así seguirán.
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A ver si los órganos electorales e instancias de gobierno como la Fiscalía General de la República, atienden la denuncia que presentará la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, contra la senadora morenista, Andrea Chávez.
El escándalo a todo lo que da en el país por el uso de millones de pesos, no declarados, por parte de Andrea en su campaña anticipada a la gubernatura de Chihuahua.
La panista dice que va con todo para acusar a la Senadora de diversos delitos, incluida la asociación delictuosa.
Y si la Fiscalía General de la República no congela la averiguación y llegado el momento llama a declarar a la Senadora, ¿será con o sin fuero?
Al igual que con uno de los suyos, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco acusado de intento de violación, ¿Andrea sería arropada por la 4T?
Lo sabremos muy pronto.
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Quien últimamente se va con todo contra sus compañeros de partido es el senador Juan Carlos Loera. Ayer domingo, muy temprano el legislador federal criticó al alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar y a la delegada del Bienestar Mayra Chávez, por fotografiarse con políticos o empresarios contrarios al régimen.
Loera escribió que se está reinstalando el Duartismo en Chihuahua bajo una izquierda repentina.
En el primero de los casos, criticó al alcalde de Juárez por viajar a Taiwán con un empresario de la familia Fuentes y aunque no precisó su nombre, dijo que se trata de uno de los representantes de la oligarquía juarense y férreos adversarios de AMLO.
Por otra parte, no le pareció una fotografía en la que la delegada del Bienestar Mayra Chávez, aparece en franco diálogo con los exgobernadores Reyes Baeza y Patricio Martínez hace unos días durante la asamblea de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.
Tal vez algo exagerado por el senador de Morena, al final de cuentas sus compañeros de partido son funcionarios públicos y tienen que dialogar con empresarios o con quienes en algún momento fueron oposición. El ventilar públicamente estos comentarios, cada vez más frecuentes, por cierto, habla de la división y de que no todo va bien en Morena.
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Las redes sociales registraron desde las primeras horas de ayer mucho movimiento con publicaciones diversas de quienes aspiran a un cargo en el Tribunal Superior de Justicia del estado y de los respectivos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la federación.
La organización de la elección local de jueces y magistrados, que culmina el primer domingo de junio, costará poco más de 350 millones de pesos, pero los candidatos tendrán que pagar su campaña.
Las decenas de personas que buscarán uno de los 305 cargos en disputa en el Poder Judicial local, tendrán contados minutos gratis de promoción en radio y televisión, con base en los tiempos oficiales otorgados al Instituto Nacional Electoral.
Las reglas del juego son extremo estrictas, supuestamente para evitar la circulación de dinero por parte de instancias gubernamentales, partidos políticos, particulares y por supuesto de organizaciones criminales con intereses en los tribunales.
¿Qué va a pasar entonces el día de la elección si el ciudadano común tendrá que escoger de entre decenas de aspirantes, la mayor parte desconocidos?
Pues la respuesta es sencilla: además de los familiares de los candidatos, la movilización de votantes a las urnas correrá por cuenta de partidos políticos y los poderes del Estado, aunque en el papel está prohibida su intervención.
Si alguien está feliz observando el desmantelamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ex presidente López Obrador.
A partir de junio, los tres poderes de México en manos de la 4T, en manos de quien sigue gobernando desde algún lugar del país o Centroamérica.
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Todo indica que el próximo martes en el Congreso de la Unión se votarán las leyes de Seguridad Pública y la de Inteligencia para la Seguridad Pública, que durante los últimos días han levantado mucha expectativa entre quienes conocen bien el tema y que califican como una legislación de grave riesgo para los mexicanos.
Según el diputado federal Rubén Moreira, la Secretaría de Seguridad Pública podrá pedir todas las bases de entes públicos y privados que existan, sin la participación de un juez, incluyendo los biométricos, los registros de comercio, públicos, de casas, patrimoniales, fiscales y además los registros telefónicos.
El exgobernador advirtió que con dicha ley, el gobierno sabrá dónde estamos, quién nos acompaña, con quién hablamos, cuántas veces, porque todo está registrado.
Entre otras cosas, contempla en el artículo 7 que la Guardia Nacional será totalmente militar, ya sin formación civil.
Habrá que ver si finalmente se vota, ya que por alguna razón, Morena ha retirado la iniciativa en un par de ocasiones.
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Ayer sesionó el Consejo Estatal de Morena, cuyo mensaje principal fue el llamado a la unidad. Durante el evento se presentaron informes de las diferentes carteras, además de que se revisaron los avances en distintos proyectos.
Hay que decir que fue buena la convocatoria a cargo de Hugo González, presidente del Consejo. Destacó la presencia del alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar, la senadora Andrea Chávez y la delegada Mayra Chávez, pero también la alcaldesa de Guadalupe y Calvo Ana Laura González, el alcalde de Jiménez Francisco Muñoz, entre otros importantes liderazgos de distintas regiones del estado.
Quien no llegó fue el senador Juan Carlos Loera. Hubiera sido interesante verlo frente a Cruz y Mayra, luego de que por la mañana del mismo domingo, a través de su Facebook, los acusara de tener nexos con el duartismo o con el priismo en general, ¿Cómo le habría caído el llamado a la unidad? Últimamente pareciera que va por lo contrario.
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