Pagar para sobrevivir: así funciona la economía ilegal de las cárceles

PUEBLA, Pue., 1 de septiembre de 2026.- Entrar a prisión significa perder la libertad, pero en algunos centros penitenciarios de Puebla también puede significar entrar a una economía paralela donde el dinero determina quién duerme con mayor seguridad, quién puede utilizar un teléfono, quién recibe visitas, quién accede a determinados espacios y, en los casos más graves, quién evita una golpiza.

La radiografía oficial del sistema penitenciario poblano muestra una población de 7 mil 349 personas privadas de la libertad al cierre de 2024: 6 mil 782 hombres y 567 mujeres, distribuidas en 16 centros penitenciarios y un centro especializado. La capacidad estatal era de 7 mil 616 espacios.

Pero detrás de esas cifras existe otra realidad: la que describen familiares, internos y organizaciones de derechos humanos mediante denuncias de cobros, extorsiones, venta de productos y servicios y presuntos controles ejercidos por grupos de internos.

El caso más documentado en los últimos meses es el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel.

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