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CHIHUAHUA, Chih., 11 de junio de 2026.- Los diputados de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas y Alma Portillo Lerma, presentaron una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, para instaurar la segunda vuelta en la elección de la gubernatura del estado a partir del proceso electoral de 2027.
La iniciativa plantea que cuando ninguna candidatura alcance una mayoría suficiente en la primera jornada electoral, los chihuahuenses puedan acudir a una segunda ronda para elegir entre las dos opciones con mayor respaldo ciudadano, fortaleciendo así la legitimidad democrática y la representación efectiva del voto.
“Los gobiernos más fuertes son aquellos que nacen de una mayoría clara y contundente. Chihuahua merece gobernantes respaldados por una verdadera mayoría ciudadana, no por una simple fragmentación del voto. Esta reforma busca que la voluntad popular se exprese con toda claridad”, declaró Francisco Sánchez.
La propuesta establece que una candidatura podrá ganar en primera vuelta si obtiene más del 50 por ciento de la votación válida emitida o si alcanza al menos el 40 por ciento con una ventaja superior a 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar. De no cumplirse alguno de estos supuestos, se realizaría una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas.
“Esta reforma fortalece la democracia porque garantiza que quien llegue a gobernar Chihuahua tenga detrás una mayoría efectiva de ciudadanos. Incentiva el consenso, fortalece la gobernabilidad y permite que el voto de los chihuahuenses tenga un mayor peso en la definición del rumbo del estado”, expresó el coordinador de la Bancada Naranja.
La iniciativa toma como referencia modelos democráticos implementados exitosamente en países como Francia, Argentina, Chile, Brasil y Costa Rica, así como antecedentes existentes en el ámbito local mexicano. Además, contempla que la segunda vuelta forme parte del mismo proceso electoral ordinario, respetando plenamente el marco constitucional federal y los principios rectores del sistema electoral mexicano.