PRESENTAN DIPUTADOS DEL PRI PROPUESTA ALTERNA DE LEY PARA PROTECCIÓN AMBIENTAL

• La bancada encabezada por Rubén Moreira plantea un marco legal para fortalecer la protección ambiental, la vigilancia y la participación ciudadana.
• En su iniciativa, los priistas integraron aportaciones de ambientalistas, de la sociedad civil, especialistas y de asociaciones de profesionistas.

A fin de tener un México con futuro, los diputados federales del PRI presentaron una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, propuesta alterna a la iniciativa enviada por la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados que todavía tiene que ser debatida, pues centraliza funciones, termina con el federalismo, minimiza a los ayuntamientos y es altamente represiva, recaudatoria e intimidatoria.

La iniciativa que presentará el Grupo Parlamentario, será entregada esta tarde a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena durante su comparecencia en comisiones, para que la siguiente semana sea ingresada tanto a la Mesa Directiva como a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, informó el coordinador parlamentario Rubén Moreira.

Al impulsar esta reforma de ley suscrita por Noél Chávez, Paloma Domínguez y Samuel Palma, a nombre de los legisladores priistas, pretenden establecer un marco legal moderno, claro y efectivo para la protección del patrimonio natural y el desarrollo sustentable.

Para ello, los integrantes de la bancada del PRI recogieron inquietudes y aportaciones de ambientalistas, integrantes de la sociedad civil, especialistas como Mauricio Limón Aguirre, y de asociaciones de profesionistas, entre ellas la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, con el objetivo de incorporar distintas perspectivas al diseño de la legislación ambiental.

El especialista y abogado Mauricio Limón Aguirre destacó que esta iniciativa propone garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como a grupos y personas en situación de vulnerabilidad, incluir a quienes enfrentan discapacidades motrices o visuales, facilitando su acceso a la justicia y otros ámbitos de participación ciudadana. Señaló que la reforma refleja fielmente las voces y propuestas recogidas durante las cuatro o cinco jornadas de parlamento abierto celebradas previamente.

Entre los principales planteamientos se encuentra fortalecer la vigilancia y las sanciones contra quienes dañen el ambiente, mediante una mayor capacidad de investigación e inspección de la Profepa, el aprovechamiento de pruebas provenientes de otras autoridades y mejores procedimientos para determinar responsabilidades.

La propuesta también plantea evaluar los planes de desarrollo antes de autorizar obras, mediante la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica para analizar políticas, planes y programas públicos, considerando sus impactos acumulados y las alternativas disponibles.

Otro de los ejes es contar con evaluaciones de impacto ambiental más completas y transparentes. Por eso, la bancada del PRI propone mejorar la valoración de cada proyecto, considerar los ecosistemas en su conjunto y evitar que sean fragmentados artificialmente para efectos de las obras, además de fortalecer el acceso a la información y la participación pública.

En materia de calidad del aire, los priistas proponen combatir la contaminación mediante una visión regional, con mecanismos para gestionar las cuencas atmosféricas, establecer su capacidad de asimilación y límites de emisión, así como prevenir programas de contingencia en zonas saturadas.

Con esta iniciativa, buscan además impulsar una mayor participación ciudadana y de las comunidades, ampliando el acceso a la información ambiental e incorporando procedimientos de consulta para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas cuando corresponda, que las decisiones ambientales consideren la voz de quienes podrían verse afectados.

Otro punto central establece que la legislación ambiental debe aplicarse sin excepciones también a las obras del Estado, por lo que ninguna obra pública o privada quedaría fuera de las obligaciones ambientales por su carácter prioritario, estratégico o de seguridad nacional; todas deberán sujetarse a los mismos controles y asumir responsabilidades.

Finalmente, los diputados del PRI plantean que la legislación incorpore principios y criterios ambientales armonizados con los compromisos internacionales de México, incluidos los relacionados con el Acuerdo de Escazú, para fortalecer la transparencia, la participación efectiva y la protección del entorno.

La propuesta busca, en suma, establecer reglas ambientales aplicables a proyectos públicos y privados, fortalecer los mecanismos de vigilancia y responsabilidad, ampliar la participación social y generar condiciones para que la conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable formen parte de la toma de decisiones públicas.