Reforma electoral. Minorías con déficit de legitimidad

En la recta hacia la reforma electoral anunciada por el régimen, vale la pena que la pluralidad que disiente de la mayoría imperante haga un esfuerzo de realismo político. No me refiero a la obviedad de los números para alcanzar la mayoría calificada en las cámaras federales dentro del procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, sino al necesario retorno a las lecturas del resultado comicial de 2024.

En la polarización y la confrontación promovida cotidianamente por el expresidente López, el triunfo de la candidata oficial a la presidencia fue contundente, sin demérito de las condiciones de ausencia de equidad que marcaron el proceso político de su postulación y la campaña electoral. En la boleta presidencial un rotundo dos a uno sobre la candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD. MC no competía realmente por la presidencia y avanzó, pero en forma modesta. Las otras fuerzas disminuyeron y una perdió el registro.

Si bien en conjunto obtuvieron una votación cercana al 40 por ciento de los sufragios emitidos, es indispensable preguntarnos si la ausencia de legitimidad que la mayoría les señala es una circunstancia susceptible de apreciarse desde -al menos- tres ángulos. Me explico: (i) aunque son parte del mosaico político y representan tradiciones, bases, ideas y formas de concebir la política, la economía y la sociedad nacionales, desde su realidad individual carecen de respaldo popular y la organización para plantear la ruta; (ii) las personas ciudadanas que no votan -40 por ciento de la lista nominal de electores- significan que la mayoría y sus aliados, así como las fuerzas minoritarias aludidas, no han podido atraerlas, aún en condiciones de polarización, minándose la expresión global de la sustentación popular de todo el sistema político; y (iii) el muy claro alejamiento y rechazo que la mayoría de la ciudadanía con voluntad de participar ha mostrado a quienes integran el sistema de partidos surgido, desarrollado y conformado durante los entendimientos y acuerdos de la transición democrática; existen, desde luego, situaciones locales que cabe reconocer y analizar, pero la única excepción nacional es Morena.

En otras palabras, con relación a las minorías opositoras y el reto ineludible de participar en la formulación de valoraciones, análisis y propuestas para la reforma electoral del 2026, el problema nodal es que el registro y las prerrogativas no equivalen a la auténtica legitimación en la sociedad. En el plano más amplio y general, diré lo de Perogrullo, la opinión de la ciudadanía -la opinión de la gente en su expresión y en sus actitudes- les es desfavorable.

En la presidencia el régimen no tiene déficit de legitimidad y aunque ello no sea autorización alguna para quebrantar el Estado de Derecho, ir a la deliberación sobre las reglas del acceso al poder demandaría revisar crítica y autocríticamente el estado que guardan las minorías opositoras con la legitimación de su función y su actuación en nuestra sociedad.

Otras organizaciones, espacios de reflexión y, desde luego, personas podrán concurrir a opinar y dar su punto de vista; su legitimidad para hacerlo estará en el escenario e irá desde sus antecedentes y reconocimiento hasta la convicción positiva que generen sus planteamientos, pero en ninguno de estos casos se cuenta con la medición de los votos alcanzados por sus candidaturas, como ocurre con los partidos políticos.

La erosión severa de la legitimidad de los partidos minoritarios de oposición parecería requerir, con urgencia, ejercicios propios en cada una de esas formaciones para buscar reconstituirla a través del ejercicio que realicen para consultar, deliberar e integrar las propuestas debidamente fundadas para la mejoría del sistema electoral. Harán falta ruta y método para lograrlo, pero -sobre todo- decisión política de sus dirigencias para reconocer que parte del problema de esa erosión en la ciudadanía deviene de la percepción que generan sus antecedentes, sus declaraciones y sus acciones.

El gobierno ha postulado un conjunto de temas para explorar y determinar el contenido de la reforma electoral. Todos, desde luego, son relevantes para los partidos políticos y su función constitucional, pero destacan aquellos que tienen relación directa con ésta: formación ciudadana y de cuadros para asumir tareas públicas, financiamiento público y privado y fiscalización del gasto para actividades ordinarias y para las campañas. ¿Habrá crítica y autocrítica en esos rubros o solo la defensa del statu quo?

En pinceladas, del dinero público recibido en la última década, ¿cuánto se ha destinado a la formación y la capacitación política y qué seguimiento se ha otorgado a la encomienda de propiciar y elevar las capacidades de la militancia para asumir responsabilidades en la organización partidista y, en su caso, en esferas de actuación en los tres órdenes de gobierno?

A partir de las normas vigentes, que se consolidaron para que el financiamiento público cuantioso desterrara la tentación del dinero ilegal -del gobierno, de grupos económicos y de carteles de la delincuencia-, ¿qué criterios son ya insostenibles y requieren revisarse? ¿La norma que otorga discrecionalidad amplia al destino del gasto si se justifica por ser actividad del partido?; ¿la relación entre financiamiento público generoso y limitaciones al financiamiento privado?, y ¿la regla de los porcentajes del financiamiento público igualitario y del diferenciado, por efectos del resultado electoral?

Así como la rendición de cuentas sobre el dinero público o privado recibido y las erogaciones efectuadas, particularmente con relación a las campañas. Hay mucha evidencia acumulada sobre la diferencia entre el tope de gasto de cada campaña y la percepción de que las actividades que se llevan a cabo y la propaganda que se difunde implican erogaciones por encima de ese límite. De raíz, asumimos que el gasto en cada distrito electoral sea homogéneo, cuando su realidad económica y social es única y ello habría que considerarse para el costo de las campañas. Y, sobre todo, la revisión del sistema para conocer, registrar y verificar el gasto, dada su vinculación con el principio de equidad en la competencia y la nulidad de la elección.

Frente a la reforma electoral del régimen y su objetivo, las minorías de oposición -partidarias o no- requieren plantearse la perspectiva de su legitimidad política y social en el momento presente. No es solo la descalificación y la polarización del gobierno, sino la valoración negativa que la mayoría de la ciudadanía tiene de ellas.