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CHIHUAHUA, Chih, 2 de octubre de 2016.- La Sierra Tarahumara enfrenta un marcado proceso de despoblamiento: entre 2020 y 2025, un conjunto de municipios serranos pasó de 206 mil 658 a 185 mil 61 habitantes, una reducción de 21 mil 597 personas, equivalente al 10.46 por ciento, de acuerdo con un análisis difundido por la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC).
La organización atribuye una parte importante de esta disminución al desplazamiento forzado generado por la violencia y la presencia del crimen organizado, aunque advierte que existe subregistro tanto de las personas que abandonan sus comunidades como de los lugares a los que llegan.
El fenómeno resulta especialmente relevante porque ocurre mientras el conjunto del estado de Chihuahua registró, según el análisis presentado por COSYDDHAC, un crecimiento poblacional de 5.4 por ciento durante el mismo periodo.
Entre los municipios serranos con descensos importantes aparecen Guadalupe y Calvo, Balleza, Batopilas y Uruachi. COSYDDHAC destaca que se trata de una región que históricamente registra altas tasas de natalidad, por lo que considera que la caída poblacional requiere analizar factores adicionales a la dinámica demográfica ordinaria.
La problemática del desplazamiento ha sido documentada también por otras organizaciones. Una Misión Civil de Observación reportó este año casos de familias que dejaron comunidades de Guadalupe y Calvo y se refugiaron en Parral, Delicias y Chihuahua capital.
COSYDDHAC sostiene que la violencia vinculada con grupos criminales constituye una de las principales causas del despoblamiento serrano y pidió una estrategia integral y coordinada entre los distintos órdenes de gobierno que atienda tanto a quienes han sido desplazados como las causas que los obligan a abandonar sus lugares de origen.
El análisis también señala una limitación estadística: Moris no pudo incorporarse a la comparación, debido a que no fue considerado en la Encuesta Intercensal 2025 utilizada como referencia por la organización.
El descenso poblacional plantea además consecuencias para las comunidades serranas: pérdida de población, separación de familias y presión sobre el acceso a vivienda, educación, salud y empleo para quienes llegan desplazados a otras ciudades del estado. Organizaciones que han documentado casos durante 2026 reportan precisamente dificultades de acceso a esos derechos básicos.




