Trascienden versiones sobre posible amparo de Rafael Loera ante eventual orden de aprehensión

Chihuahua, Chih., 17 de octubre de 2026. —

En medio de los recientes acontecimientos judiciales registrados en Chihuahua, han surgido versiones no confirmadas sobre la posibilidad de que Rafael Loera Talamantes, exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, esté considerando recurrir a un juicio de amparo ante una eventual orden de aprehensión.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que el exfuncionario haya promovido dicho recurso legal, ni se ha documentado públicamente alguna orden de captura en su contra.

Las versiones surgen en un contexto de revisión administrativa de la gestión que encabezó Loera en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

El actual titular de la dependencia, Jesús Salvador Carrillo Castillo, informó el viernes 16 de octubre que continúan las auditorías y revisiones de los procesos administrativos correspondientes a la anterior administración.

Carrillo señaló que, hasta ese momento, no se habían identificado irregularidades graves que justificaran acciones legales, aunque advirtió que cualquier anomalía que pudiera detectarse sería turnada a las autoridades competentes.

Asimismo, rechazó que las revisiones tengan como propósito emprender una persecución contra exfuncionarios.

Rafael Loera dejó la titularidad de la dependencia en julio de 2026 y posteriormente manifestó su intención de continuar participando en la vida política de Chihuahua.

En caso de que decidiera promover un amparo, se trataría de un recurso constitucional previsto para proteger derechos frente a posibles actos de autoridad, sin que su presentación implique necesariamente la existencia de una investigación penal o responsabilidad del solicitante.

Por ahora, permanece pendiente cualquier confirmación documental sobre la supuesta solicitud de protección judicial.

La situación jurídica de Rafael Loera deberá esclarecerse mediante información oficial del Poder Judicial o de las autoridades competentes.