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CHIHUAHUA, Chih., 21 de octubre de 2026.— El desplazamiento forzado de familias que abandonan sus comunidades ante situaciones de violencia e inseguridad representa un desafío creciente para Chihuahua, donde siete municipios han sido identificados como principales receptores de personas que buscan refugio y protección.
De acuerdo con información de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, los municipios de Parral, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Madera, Guachochi y Guadalupe y Calvo concentran la atención a personas que han tenido que abandonar sus lugares de residencia.
La situación afecta particularmente a familias provenientes de comunidades serranas, donde las condiciones de inseguridad pueden provocar la salida de habitantes hacia otras localidades en busca de protección y mejores condiciones de vida.
ACNUR y UNICEF participan en capacitación
Ante esta problemática, el Gobierno del Estado, en coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), impulsa acciones de capacitación dirigidas a servidores públicos municipales.
El objetivo es fortalecer la capacidad institucional para identificar, atender y canalizar adecuadamente a las personas en situación de desplazamiento interno.
La presidenta de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Sahara Cárdenas, explicó que los municipios receptores deben contar con herramientas para brindar atención humanitaria y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Durante una reunión de coordinación se informó que el Gobierno del Estado ha establecido mecanismos de acercamiento con los siete municipios para avanzar en la atención de esta problemática.
Familias enfrentan pérdida de vivienda y patrimonio
El desplazamiento forzado implica consecuencias económicas, sociales y emocionales para quienes deben abandonar sus hogares.
Las familias desplazadas pueden enfrentar la pérdida de viviendas, actividades productivas, fuentes de ingreso y redes comunitarias, además de dificultades para acceder a educación, salud y empleo en sus nuevos lugares de residencia.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, el cambio repentino de entorno puede afectar la continuidad educativa y generar necesidades adicionales de acompañamiento psicológico.
Por ello, la participación de UNICEF y ACNUR busca fortalecer las capacidades de atención y protección de los grupos vulnerables.
Buscan mejorar la respuesta institucional
Las autoridades estatales señalaron que las acciones de capacitación permitirán establecer criterios comunes para atender a las personas desplazadas y mejorar la coordinación entre dependencias y gobiernos municipales.
La atención deberá considerar tanto las necesidades inmediatas de protección como los procesos de integración social y recuperación de condiciones de vida.
El desplazamiento forzado constituye uno de los desafíos humanitarios más importantes para Chihuahua, al involucrar seguridad, derechos humanos, protección de la infancia y desarrollo comunitario.
La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y organismos internacionales será fundamental para garantizar una respuesta institucional que proteja a las familias afectadas y contribuya a generar condiciones para su recuperación y bienestar.




