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CHIHUAHUA, Chih., 8 de septiembre de 2026.- Luis Fernando E.I., imputado por la tragedia ocurrida en la glorieta ubicada frente al Hospital Ángeles, dejó la prisión preventiva luego de que un juez determinara modificar la medida cautelar que se le había impuesto previamente.
De acuerdo con Adriana Sarahí Villalba, coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía Zona Centro, el imputado deberá cumplir con siete medidas cautelares mientras continúa su proceso.
Entre las restricciones se encuentra la vigilancia, la prohibición de salir de la ciudad y la prohibición de conducir vehículos, esta última impuesta a petición del propio juez.
También se le prohibió visitar o molestar a los ofendidos, deberá portar un brazalete electrónico y permanecer bajo resguardo domiciliario. Además, tendrá que someterse semanalmente a exámenes toxicológicos.
El cambio de la medida cautelar fue determinado durante la audiencia celebrada el día de ayer, pese a que previamente el Ministerio Público había solicitado y obtenido la prisión preventiva al considerar que era la medida que correspondía para el caso.
Heliodoro Araiza, Fiscal de Distrito Zona Centro, señaló que la Fiscalía respeta la decisión del juez, aunque no la comparte, por lo que anunció que la resolución será apelada.
Araiza explicó que durante la última semana se han registrado cuatro resoluciones jurisdiccionales relacionadas con el caso y en tres ocasiones se ha debatido la medida cautelar. En las dos primeras, el juez había determinado que correspondía mantener al imputado en prisión preventiva.
La Fiscalía considera que no existieron variaciones suficientes en las condiciones del caso para justificar el cambio de la medida cautelar, por lo que el área jurídica trabajará en la presentación de la apelación.
Por otra parte, Villalba aclaró que hasta el momento no existe un pago de reparación del daño a favor de las víctimas. Explicó que el proceso continúa con la aseguradora y que el monto podría ascender a 500 mil pesos o incluso superar esa cantidad.
La reparación contempla el fallecimiento de la víctima, los gastos funerarios y los daños ocasionados al vehículo. La funcionaria agregó que la familia de la víctima cubrió los gastos funerarios y que la Fiscalía mantiene contacto con sus familiares.
Respecto a la posibilidad de que la hija de la víctima otorgue el perdón, Villalba señaló que ella no ha manifestado ese deseo. Añadió que se le han explicado sus derechos respecto a la reparación del daño y las posibles salidas alternas contempladas por la legislación.




