Revelan presunta cercanía de César Jáuregui con agentes de la CIA

CHIHUAHUA, Chih., 24 de octubre de 2026. — Nuevos señalamientos sobre la relación del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, con autoridades de seguridad e inteligencia de Estados Unidos han surgido en medio del proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en un operativo realizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

De acuerdo con información publicada este viernes por el periodista Salvador Frausto, Jáuregui sostuvo una reunión en El Paso, Texas, con funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), aproximadamente veinte meses antes del operativo que actualmente es investigado.

Durante aquel encuentro, el entonces fiscal se comprometió a fortalecer el intercambio de información sobre objetivos criminales buscados en ambos lados de la frontera, como parte de los mecanismos de cooperación binacional.

La publicación sostiene que una fuente que participó en esa reunión aseguró haber escuchado al exfuncionario referirse en distintas ocasiones a integrantes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) como personas cercanas a él.

Uno de los señalamientos más relevantes apunta a que dos presuntos agentes estadounidenses habrían recibido armas largas en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua antes de participar, encapuchados, en un operativo contra un supuesto laboratorio de drogas en El Pinal.

Según la misma versión, los extranjeros habían permanecido durante meses en Chihuahua, utilizando un hotel de la capital como punto de operaciones y resguardo de equipo tecnológico, mientras desarrollaban actividades de inteligencia, geolocalización y asistencia técnica con drones.

La publicación también identifica a los dos presuntos agentes como Richard Johnston y John Black, quienes habrían fallecido posteriormente en un accidente carretero junto con integrantes de la estructura de seguridad estatal.

Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos periodísticos y de las investigaciones referidas en la publicación; no constituyen, por sí mismas, hechos judicialmente acreditados ni una determinación de responsabilidad penal.

El caso adquiere relevancia porque Jáuregui enfrenta acusaciones del ámbito estatal y federal, entre ellas la de presunta traición a la patria, mientras su defensa sostiene que no existen pruebas suficientes para demostrar que autorizó o conoció la participación irregular de agentes extranjeros.

Impacto político en Chihuahua

La controversia también comienza a reflejarse en la conversación pública rumbo a las elecciones de 2027.

Un análisis de 52.2 millones de interacciones en plataformas digitales durante el último mes señala que siete de cada diez expresiones relacionadas con Jáuregui reflejan emociones negativas, como enojo, disgusto, miedo o precaución.

El mismo ejercicio reporta una disminución de cuatro puntos porcentuales en el indicador de percepción digital de la gobernadora Maru Campos y de tres puntos en el correspondiente a Marco Bonilla, figura del PAN rumbo a la sucesión estatal.

Estos resultados corresponden al comportamiento de usuarios en redes sociales y no representan una encuesta electoral entre la población de Chihuahua.

Mientras continúan las investigaciones, el caso plantea interrogantes sobre los alcances de la cooperación internacional en seguridad, los controles institucionales para la participación de agentes extranjeros y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

La resolución judicial será determinante para establecer si existieron conductas delictivas y quiénes, en su caso, tuvieron responsabilidad en los hechos investigados.