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Chihuahua, Chih., 15 de junio de 2026.– La defensa del empresario Eduardo Almeida aseguró que los hechos ocurridos el pasado 27 de junio en el ejido La Haciendita tuvieron su origen en una disputa por la presunta venta irregular de terrenos ejidales y sostuvo que su representado únicamente actuó para defender su integridad y la de las personas que lo acompañaban.
Fernando Alarcón Martínez, abogado de Almeida, explicó que él y el equipo jurídico acudieron a la asamblea en representación de un grupo de ejidatarios que impugna la legalidad de la convocatoria y de diversas operaciones relacionadas con la compraventa de tierras y derechos parcelarios.
El litigante afirmó que la asamblea fue convocada de manera ilegal, ya que la invitación se realizó mediante WhatsApp y no conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Agraria, la cual exige plazos y mecanismos específicos para notificar a los ejidatarios.
Asimismo, señaló que el conflicto deriva de la presunta venta de terrenos ejidales sin cumplir con requisitos como el "derecho del tanto", mecanismo que obliga a ofrecer primero las parcelas a los demás integrantes del núcleo agrario antes de venderlas a particulares.
Alarcón Martínez aseguró que desde una asamblea realizada el 1 de mayo ya se habían registrado actos de intimidación con la presencia de personas armadas que, según dijo, brindaban seguridad a quienes impulsaban dichas operaciones.
Respecto a los hechos del 27 de junio, sostuvo que Eduardo Almeida portaba un arma de fuego con licencia vigente expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde hace más de seis años y que únicamente la utilizó para proteger su vida y la de sus acompañantes, luego de que presuntamente fueran agredidos por un grupo de personas.
El abogado indicó que los videos difundidos en redes sociales muestran solo una parte de lo ocurrido y anunció que presentarán nuevas grabaciones en las que, aseguró, se observa el desarrollo completo de los hechos y el momento en que comienzan las agresiones.
Finalmente, cuestionó la detención de Almeida por parte de la Fiscalía General de la República por el presunto delito de portación de arma de fuego sin licencia, al reiterar que el permiso para portar el arma se encontraba vigente y fue expedido por la Sedena.




