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Autoridades escolares recurren cada vez más a la policía para atender problemas de conducta; organizaciones advierten sobre la criminalización de menores de edad.
Ciudad Juárez, Chih., 18 de octubre de 2026. —
Una creciente controversia se registra en Texas, Estados Unidos, luego de que se documentaran casos de niños de apenas 10 años que han sido detenidos y procesados por incidentes de comportamiento dentro de las escuelas, incluyendo berrinches, discusiones y agresiones menores.
Uno de los casos ocurrió en El Paso, donde un estudiante fue procesado después de patear a un subdirector que le había retirado su teléfono celular.
La situación ha generado preocupación entre especialistas en educación, defensores de los derechos infantiles y organizaciones civiles, quienes consideran que los conflictos escolares deben atenderse prioritariamente mediante mecanismos pedagógicos y psicológicos, antes de recurrir al sistema judicial.
De acuerdo con información publicada por The New York Times y retomada en la prensa fronteriza, durante las últimas décadas los distritos escolares de Texas han incrementado la intervención policial en situaciones que anteriormente eran resueltas por maestros, orientadores y directivos.
Entre los casos documentados aparecen menores acusados de amenazas, agresiones contra compañeros y comportamientos disruptivos dentro de las aulas.
Las consecuencias pueden incluir detenciones, comparecencias judiciales y antecedentes que afectan el desarrollo educativo y emocional de los estudiantes.
Especialistas advierten que este fenómeno puede contribuir a lo que denominan el tránsito de la escuela hacia el sistema de justicia, particularmente entre estudiantes de comunidades vulnerables.
El debate adquiere especial relevancia en la región fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, donde miles de familias mantienen vínculos educativos, laborales y sociales entre ambos países.
Mientras algunos sectores defienden la intervención policial como una herramienta para garantizar la seguridad escolar, otros consideran necesario fortalecer los programas de orientación psicológica, mediación de conflictos y acompañamiento familiar.
El caso abre una discusión sobre los límites de la disciplina escolar y la necesidad de evitar que los problemas de conducta infantil se conviertan automáticamente en asuntos penales.




