Revelan reuniones de Arturo Zuany con extranjeros y traslado de armas antes del operativo en El Pinal

Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026. —

Durante la audiencia judicial contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, el Ministerio Público presentó testimonios, videos y registros de geolocalización relacionados con presuntas reuniones del exfuncionario Arturo Zuany Portillo con ciudadanos extranjeros, así como movimientos de armas y vehículos oficiales antes del operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos.

Entre los datos de prueba expuestos destacan contratos de arrendamiento de dos vehículos Volkswagen Jetta, fechados el 7 y 13 de abril, cuyos registros GPS habrían documentado desplazamientos frecuentes hacia instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Personal de vigilancia declaró que el 14 de abril un hombre aparentemente extranjero acudió a las oficinas de Operaciones Estratégicas y manifestó tener una reunión con Arturo Zuany.

Asimismo, se presentaron grabaciones en las que presuntamente aparecen ciudadanos extranjeros dentro de instalaciones de seguridad estatal.

Uno de los testimonios señala que Zuany habría solicitado el traslado de armas largas a su oficina días antes del operativo. Posteriormente, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, habría salido acompañado de cuatro personas que no pertenecían a la corporación.

Otros agentes mencionaron reuniones de hasta dos horas y traslados de ciudadanos extranjeros en vehículos oficiales entre hoteles, el aeropuerto y dependencias de seguridad.

Estos elementos forman parte de la investigación sobre la posible participación irregular de ciudadanos extranjeros en el operativo efectuado en la región serrana de Chihuahua.

Durante la audiencia también se abordó la situación jurídica de Arturo Zuany, cuya declaración fue excluida a petición de la defensa debido a su condición de imputado.

La Fiscalía busca establecer las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y determinar si durante el operativo se cometieron irregularidades administrativas o delitos.

Los señalamientos presentados constituyen datos de prueba sujetos a valoración judicial y no representan, por sí mismos, una sentencia ni una declaración definitiva de responsabilidad penal.