México se desmarca de resolución de la OEA sobre Nicaragua; defiende principio de no intervención
EL PASO, Texas, 3 de octubre de 2026.-
Una jueza federal determinó que la administración del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al condicionar recursos destinados a programas antiterrorismo a que gobiernos estatales y locales colaboraran con determinadas políticas federales de inmigración.
El fallo favorece al Condado de El Paso dentro de una controversia por aproximadamente 1.75 millones de dólares correspondientes a recursos federales destinados a programas de seguridad.
La disputa surgió después de que autoridades federales establecieran condiciones relacionadas con inmigración para la entrega del financiamiento, entre ellas mecanismos de cooperación con autoridades migratorias.
El Condado de El Paso cuestionó esas condiciones ante tribunales al argumentar que los recursos estaban destinados originalmente a fortalecer capacidades de prevención y respuesta frente a amenazas de seguridad y terrorismo.
La resolución judicial establece que el gobierno federal no podía utilizar esos fondos para imponer nuevas condiciones migratorias que no estuvieran contempladas en las reglas originales del programa.
El caso adquiere especial relevancia para El Paso por su condición fronteriza y por el debate nacional en Estados Unidos sobre las facultades del gobierno federal frente a las políticas migratorias adoptadas por estados, condados y ciudades.
El fallo representa una decisión judicial sobre los límites de la administración federal para vincular recursos de seguridad pública con el cumplimiento de determinadas disposiciones migratorias.




