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WASHINGTON, Estados Unidos, 14 de octubre de 2026.— Grandes instituciones financieras estadounidenses, entre ellas JPMorgan Chase y Bank of America, enfrentan cuestionamientos por presuntas prácticas de discriminación bancaria contra organizaciones conservadoras, grupos religiosos y movimientos provida durante la administración del expresidente Joe Biden.
Los señalamientos, difundidos a partir de información atribuida a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), apuntan a la cancelación de cuentas y restricciones en servicios financieros que habrían afectado a organizaciones vinculadas con el movimiento MAGA y otros sectores identificados con posiciones conservadoras.
La controversia gira alrededor del concepto de riesgo reputacional, utilizado por instituciones bancarias para evaluar sus relaciones comerciales y determinar la continuidad de determinados servicios.
De acuerdo con las denuncias, este criterio habría permitido excluir a clientes por sus posiciones políticas, religiosas o ideológicas, lo que ha generado cuestionamientos sobre los límites de las facultades de las instituciones financieras.
El informe oficial, publicado este 14 de octubre, confirma que las nueve instituciones bancarias examinadas mantuvieron, entre 2020 y septiembre de 2025, políticas que podían limitar el acceso a servicios financieros por motivos políticos, religiosos o relacionados con actividades económicas legales.
La investigación comprendió cerca de 100 mil quejas y aproximadamente 420 mil páginas de documentos proporcionados por los bancos.
Entre las actividades afectadas también se identificaron empresas relacionadas con combustibles fósiles, fabricación de armas, tabaco y activos digitales.
Jonathan Gould, titular de la OCC, sostuvo que el acceso a los servicios financieros debe garantizarse independientemente de las creencias, afiliaciones o posiciones políticas de los ciudadanos.
El reporte también documentó decisiones que afectaron a organizaciones de distintas tendencias ideológicas, por lo que los hallazgos no se limitan exclusivamente a grupos conservadores.
Por su parte, las instituciones financieras han defendido la necesidad de aplicar controles para prevenir delitos financieros, operaciones sospechosas y riesgos relacionados con el cumplimiento de las leyes bancarias.
El caso ha cobrado relevancia durante la administración del presidente Donald Trump, quien impulsó medidas para impedir que los bancos restrinjan servicios por razones ideológicas.
Aunque el informe señala prácticas discriminatorias y deficiencias en los criterios bancarios, no establece que todos los cierres de cuentas fueran ordenados directamente por el gobierno de Biden.
La OCC mantiene abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas regulatorias para garantizar que las decisiones de las instituciones financieras respondan a criterios objetivos y no a consideraciones políticas.
El debate abre una discusión de alcance internacional: hasta dónde llega la autonomía de los bancos para seleccionar a sus clientes y cómo garantizar que el acceso al sistema financiero no se convierta en un instrumento de exclusión ideológica.




