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Testimonios presentados por el Ministerio Público señalan la presencia de personas extranjeras en acciones policiales realizadas en San Francisco de Borja y Nonoava desde marzo de 2026.
Chihuahua, Chih., 19 de octubre de 2026. —
La presunta participación de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad realizados en Chihuahua no habría comenzado con la intervención en El Pinal, municipio de Morelos, sino desde semanas anteriores, según nuevos testimonios expuestos por el Ministerio Público durante el proceso judicial contra el exfiscal César Jáuregui Moreno.
Durante la audiencia, la representación social presentó antecedentes de un operativo efectuado el 19 de marzo de 2026 en los municipios de San Francisco de Borja y Nonoava, en el que presuntamente participaron personas extranjeras bajo la conducción operativa de Arturo Z. P.
Entre los elementos expuestos destaca la ampliación de declaración de un agente estatal, realizada el pasado 15 de octubre, quien manifestó haber observado a dos hombres dentro de las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), sin reconocerlos como integrantes de la corporación.
El testigo describió a uno de ellos portando un distintivo con una bandera blanca y roja, mientras que al segundo lo identificó como un hombre alto, calvo, con barba y lentes.
Asimismo, señaló que desconocía las razones de su presencia y que no recordaba haberlos visto durante las reuniones preparatorias efectuadas entre el 17 y 18 de marzo.
Otros testimonios incorporados por el Ministerio Público refieren que los presuntos extranjeros habrían utilizado capuchas durante las operaciones, aparentemente para evitar ser identificados.
Respecto a Arturo Z. P., la Fiscalía presentó declaraciones de integrantes de su equipo de escoltas que lo ubicarían participando en la toma de decisiones relacionadas con el despliegue policial.
Estos antecedentes amplían las líneas de investigación sobre la posible intervención de personal extranjero en actividades operativas de corporaciones estatales, antes del desmantelamiento del laboratorio clandestino localizado en El Pinal durante abril.
La Fiscalía busca establecer quién autorizó la presencia de estas personas, cuáles fueron sus funciones y si existieron irregularidades en los procedimientos de cooperación internacional.
Los señalamientos forman parte de los datos presentados ante la autoridad judicial y deberán ser valorados conforme avance el proceso, sin que hasta el momento constituyan hechos acreditados mediante sentencia.
El caso mantiene bajo investigación las decisiones adoptadas por anteriores mandos de la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, particularmente en relación con los límites legales de la participación de personal extranjero en operaciones de seguridad dentro del territorio mexicano.




