Acusado por incendio en Juárez paga 90 mil pesos al año por brazalete

CIUDAD JUÁREZ, Chih., 15 de octubre de 2026.— Rodolfo C., extrabajador del Instituto Nacional de Migración (INM), enfrenta un gasto anual de aproximadamente 90 mil pesos por el uso de un brazalete electrónico, como parte de las medidas cautelares impuestas mientras continúa el proceso judicial relacionado con el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas en marzo de 2023.

El exfuncionario obtuvo su libertad el 13 de septiembre de 2025, después de permanecer aproximadamente dos años y seis meses bajo prisión preventiva, pero continúa sujeto a restricciones judiciales.

Entre las medidas establecidas se encuentra la obligación de utilizar un dispositivo electrónico de vigilancia, cuyo costo debe cubrir con sus propios recursos.

De acuerdo con información presentada por su defensa, el brazalete representa un gasto aproximado de 7 mil 500 pesos mensuales, equivalente a 90 mil pesos anuales.

Defensa asegura que entregaba menores al DIF

Durante una audiencia reciente, la defensa de Rodolfo C. sostuvo que su representado cumplía con los procedimientos establecidos para la atención y canalización de menores de edad.

Según sus abogados, el exfuncionario recibía instrucciones para trasladar a menores al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por lo que argumentaron que su actuación se encontraba dentro de las responsabilidades que tenía asignadas.

La representación legal también señaló que existen videos de las actividades realizadas durante su desempeño laboral que, a su consideración, respaldan su versión de los hechos.

Sin embargo, el proceso judicial continúa abierto y corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades individuales relacionadas con la tragedia.

Proceso permanece sin resolverse

El incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez dejó 40 personas fallecidas y decenas de lesionados, convirtiéndose en uno de los episodios más graves relacionados con la atención de personas migrantes en México.

Desde entonces, las investigaciones han involucrado a distintos servidores públicos y personal relacionado con la operación de las instalaciones.

La defensa de Rodolfo C. considera que las medidas cautelares representan una carga económica importante mientras continúa el procedimiento.

No obstante, las restricciones judiciales tienen como finalidad garantizar que el imputado permanezca sujeto al proceso y atienda los requerimientos de las autoridades.

A más de tres años de la tragedia, el caso continúa siendo una exigencia de justicia para las familias de las víctimas, quienes esperan el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

La resolución del proceso será fundamental para establecer las consecuencias jurídicas de las actuaciones de los funcionarios involucrados y avanzar en la rendición de cuentas por lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Mientras tanto, Rodolfo C. continuará sujeto a las medidas cautelares que determine la autoridad judicial, bajo el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.