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CIUDAD JUÁREZ, Chih., 15 de octubre de 2026.— Habitantes de al menos 21 comunidades del Valle de Juárez enfrentan nuevamente dificultades para trasladarse, luego de que el concesionario encargado del servicio de transporte público decidiera suspender sus operaciones tras recibir sanciones por incrementar las tarifas sin autorización.
La suspensión afecta a cientos de familias que dependen de este servicio para acudir a sus centros de trabajo, escuelas, consultas médicas y realizar actividades cotidianas.
De acuerdo con la información difundida, el conflicto comenzó cuando el concesionario aplicó un aumento al costo del pasaje sin contar con la autorización correspondiente.
Ante esta situación, las autoridades impusieron multas por aproximadamente 6 mil pesos por vehículo, lo que provocó inconformidad entre los responsables de prestar el servicio.
Después de cubrir las sanciones, el concesionario decidió retirar las unidades y abandonar la ruta, dejando nuevamente sin transporte a las comunidades de la región.
Habitantes piden intervención de las autoridades
La falta de transporte público representa un problema especialmente grave para las familias que viven en localidades alejadas de la zona urbana de Ciudad Juárez.
Entre las comunidades afectadas se encuentran poblaciones de los municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, donde numerosos habitantes requieren trasladarse diariamente por motivos laborales, educativos y de salud.
En algunas localidades, los usuarios deben recurrir a vehículos particulares o solicitar apoyo a familiares y vecinos para llegar a sus destinos.
La situación genera gastos adicionales y dificultades para quienes no cuentan con automóvil propio.
Robles, habitante del Valle, solicitó la intervención de los gobiernos estatal, municipal y federal para garantizar la movilidad de la población.
Buscan alternativas para restablecer el servicio
Las autoridades estatales informaron que mantienen conversaciones con otros concesionarios para encontrar una solución que permita restablecer las rutas.
Entre las alternativas se encuentra la posibilidad de convocar a una nueva licitación para que otro prestador asuma la operación del transporte.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una fecha para la reanudación del servicio.
El conflicto también evidencia la necesidad de establecer mecanismos que permitan garantizar la continuidad del transporte público, aun cuando existan diferencias entre concesionarios y autoridades.
La suspensión del servicio afecta directamente el derecho a la movilidad de miles de habitantes de la región, particularmente de trabajadores, estudiantes, adultos mayores y personas que requieren atención médica.
El Valle de Juárez enfrenta desde hace años desafíos relacionados con conectividad, infraestructura carretera y acceso a servicios públicos, por lo que la falta de transporte agrava las condiciones de aislamiento de algunas comunidades.
Los habitantes esperan que las autoridades encuentren una solución que permita recuperar las rutas, establecer tarifas autorizadas y garantizar un servicio seguro, accesible y permanente.
Mientras tanto, las familias afectadas continúan buscando alternativas para realizar sus traslados diarios, en espera de que se restablezca el transporte público en esta región fronteriza de Chihuahua.




