Presentan 10 amparos contra nuevo Reglamento de Bienestar Animal en Ciudad Juárez
El alcalde con licencia de Ciudad Juárez rechazó los señalamientos de la gobernadora contra Ariadna Montiel y advirtió que las acusaciones deberán tener consecuencias legales.
Chihuahua, Chih., 23 de octubre de 2026. —
El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que promoverá acciones legales por presunto daño moral contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván, luego de las acusaciones públicas realizadas por la mandataria estatal contra Ariadna Montiel.
El político morenista calificó los señalamientos como calumnias y sostuvo que las declaraciones de la gobernadora no deben quedar sin consecuencias, al considerar que afectan a integrantes de su movimiento político.
Pérez Cuéllar cuestionó las expresiones de Campos Galván y aseguró que la mandataria ha perdido el rumbo en la conducción política del estado.
La controversia surgió después de que la gobernadora señalara públicamente a Ariadna Montiel por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, acusaciones que han sido rechazadas por representantes de Morena.
El alcalde con licencia manifestó su respaldo a Montiel y afirmó que conoce ampliamente la realidad política y social de Chihuahua.
Asimismo, expresó su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y destacó los resultados que, desde su perspectiva, ha obtenido el Gobierno federal en materia de seguridad pública y reducción de delitos de alto impacto.
Pérez Cuéllar insistió en que las acusaciones contra representantes de Morena deben ser examinadas por las autoridades competentes y adelantó que buscará proceder legalmente.
El anuncio representa un nuevo episodio de confrontación política entre Morena y el Gobierno del Estado, en medio de las diferencias entre ambas fuerzas rumbo al proceso electoral de 2027.
Hasta el momento, el anuncio corresponde a la intención de presentar las acciones legales, sin que se haya confirmado una resolución judicial sobre los señalamientos.
Las acusaciones formuladas por la gobernadora y las respuestas de los dirigentes morenistas forman parte de una controversia política cuya veracidad y eventuales responsabilidades deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
La disputa también coloca en el debate público los límites entre la crítica política, la libertad de expresión y la protección del honor y la reputación de los servidores públicos.




